La sociedad pública de alquiler del Gobierno Vasco, Alokabide, ha ordenado el desalojo de su vivienda de una víctima de violencia machista de Barakaldo, con tres menores y con orden de alejamiento en vigor. Su situación de vulnerabilidad ha sido acreditada por los propios servicios sociales municipales, según denuncian el centro asesor de la mujer Argitan y la plataforma contra la exclusión Berri-Otxoak.
La orden de desahucio ha sido fijada para el próximo lunes a las 9.15 horas. Argitan y Berri-Otxoak han organizado una protesta esta semana para urgir, tanto al Ayuntamiento de Barakaldo como al Gobierno vasco, a cumplir la normativa que obliga a realojar a las familias afectadas por un desahucio y que dicta, además, el realojo prioritario y urgente de mujeres víctimas de violencia machista.
Esta mujer, con cuatro criaturas, tres de ellas menores, fue acogida, con carácter de urgencia en el refugio barakaldés para mujeres víctimas del machismo el pasado mayo. Entonces, Alokabide decidió paralizar el desahucio dictado para el día 21 de ese mismo mes.
Tanto Argitan como Berri-Otxoak aseguran que “ni los servicios sociales del Ayuntamiento ni el Ejecutivo autonómico le han ofrecido durante estos meses una alternativa habitacional. Sin embargo, ambas administraciones han decido reactivar la orden de desalojo suspendida”.
La asociación feminista y la plataforma contra la exclusión coinciden en señalar en una nota que, el Ayuntamiento de Barakaldo y el Gobierno Vasco, no sólo están incumpliendo la legislación estatal, autonómica y municipal sobre desahucios, sino también “las resoluciones del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo o el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.”
“La precariedad y la pobreza se seba entre las mujeres; los desahucios no son una excepción”
Ambas entidades barakaldesas lamentan que “Alokabide y el Ayuntamiento de Barakaldo contravienen hasta el protocolo antidesahucios firmado por Gobierno Vasco, la asociación de municipios vascos Eudel y el Consejo General del Poder Judicial en 2013 a raíz del suicidio de la vecina de Barakaldo Amaia Egaña cuando iba a ser desahuciada y actualizado en febrero de 2019, donde se contempla la obligación institucional de poner a disposición de las familias afectadas una alternativa habitacional digna. Obligación que nunca se cumple salvo mediante la presión social”.
“Falta de voluntad política”
La precariedad y la pobreza se ceba entre las mujeres; los desahucios no son una excepción, señalan las asociaciones barakaldesas. “Nos consta que hay medidas económicas y legales de sobra para abordar este problema, y que la única razón por la que no se terminan de llevar a cabo es por una falta de voluntad política”.
Por esa razón insisten en exigir que se prioricen “las actuaciones frente a las promesas o campañas por la igualdad en este periodo de crisis económica y socio-sanitaria, ya que su actuación en materia social solo tiene como guía recortar derechos sociales como ejemplifica este desalojo de una mujer víctima de violencia machista».
