Los servicios de Infancia de las diputaciones de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa siguen utilizando el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) y derivados, pese a que las Juntas Generales de los tres territorios aprobaron desterrarlo de sus servicios y reparar en la medida de lo posible los daños que hubiera podido infligir, tal y como denuncia la red contra el SAP, formada por 60 organizaciones.
Estas organizaciones temen que el acuerdo se quede en una mera declaración institucional y acusan a las diputaciones de “formar parte del engranaje de la violencia de género institucional”, cuando no de “ser directamente ejecutoras de la misma”.
Las Juntas Generales de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa aprobaron en enero, julio, y septiembre del pasado año, respectivamente, por unanimidad, no utilizar el llamado Síndrome de Alienación Parental en sus respectivos servicios de menores.
Sin embargo, denunca la red contra el SAP en un comunicado, desde entonces, “las madres afectadas por este constructo ideológico no han constatado ningún cambio, sufriendo y siendo objeto de informes prejuiciosos que las culpabilizan y persisten en señalarlas como ‘obstaculizadoras’ e ‘instrumentalizadoras”. Además, “sin prueba alguna, tan sólo se traslada la percepción subjetiva y ‘adiestrada’ de quién realiza el informe. Informes que a día de hoy siguen siendo utilizados para retirar custodias y tutelas”.
Falta de especialización
Las madres y sus criaturas son, añade el escrito, sometidas a la “terapia de la amenaza” en los Servicios Sociales y en los Puntos de Encuentro Familiar y viviendo situaciones angustiosas. Estas amenazas “consisten en advertir del riesgo en el que incurren de suspensión de visitas, de declarar a las y los menores en desprotección, así como de emitir informe favorable a la retirada de la custodia si no siguen escrupulosamente las indicaciones de las y los ‘educadores’ (terapeutas del SAP) en cómo dirigirse a sus hijos e hijas, qué cosas pueden o no verbalizar, si muestran preocupación por el estado físico o anímico del menor”. Este personal puede, y de hecho lo hace, suspender las visitas “de manera absolutamente arbitraria”.
Las criaturas afectadas, por su parte, “siguen siendo silenciadas e invisibilizadas y sin ser objeto de una intervención adecuada por parte de profesionales especializados en violencia machista y abuso sexual infantil”.
Las asociaciones de la red contra el SAP ven en este proceder “tortura y amenaza constante” y deploran que ésta sea ejercida por las instituciones que deberían tener el deber de proteger.
