Se supone que la tutela de menores por parte de las instituciones es un mecanismo que se activa para protegerlas. Sin embargo, acaba de conocerse que menores a cargo de la Diputación de Bizkaia se prostituyen. Fue precisamente el padre de una de ellas quien dio la alerta.
Un escándalo monumental, a pesar de no revestir novedad. Anteriormente se registró otro caso similar en Araba -pronto se iniciará el juicio-, y los ha habido en otras comunidades autónomomas como Madrid, Baleares o Valencia.
¿Por qué esas menores que han sido separadas de sus familias no están seguras en los centros institucionales? ¿Qué tiene que suceder para que esa violencia que sufren no se produzca?
Los hechos
Uno de los padres vizcaínos, que reconocía que la retirada de la custodia estaba justificada, lamentaba el pasado domingo en el ‘El Correo’ que su hija de 14 años se quedara embarazada cuando estaba tutelada y ahora, se dolía, “está de siete meses con un futuro marcado para siempre”.
El y otro progenitor, que fue quien denunció lo que estaba sucediendo en una casa de Santurtzi, han demandado a la Diputación de Bizkaia, quien como hizo la de Araba había puesto ya los hechos en conocimiento de la Fiscalía.
“La industria de la prostitución busca a chicas muy jóvenes y las obtiene en los centros de menores”
Las causas
En respuesta a la primera de las preguntas -¿Por qué esas menores no están seguras en centros tutelados?-, organizaciones abolicionistas consultadas para este reportaje ofrecen un mismo diagnóstico: la industria de la prostitución busca a chicas muy jóvenes y las obtiene en los centros de menores.
“Es un mercado cada vez más pedófilo y está en expansión exponencial”, sentencia Rosario Carracedo, portavoz de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución (PAP).
Los proxenetas buscan también que procedan de las cercanías y, como es habitual en la industria de la explotación sexual, quieren que sean mujeres vulnerables. Todas estas chicas lo son.
Desde el Front Abolicionista del País Valencià, Concha Hurtado, asegura que “todas las mujeres en prostitución han sido violadas de niñas” y que a las puertas de los centros de acogida se congregan ojeadores y ‘lover-boys’ para captar a estas menores para la prostitución.
Muchas han sufrido violencia sexual en sus propios entornos familiares, han aprendido a disociarse –ignorar lo que sucede en su cuerpo- y “eso lo sabe aprovechar muy bien la industria de la explotación sexual”, añade Hurtado.
La explotación sexual de menores es, a decir de todas las fuentes consultadas, un problema bastante generalizado en los centros de acogida y al que parece que no se le presta la atención debida. Sara Vicente, de la Plataforma Navarra para la Abolición de la Prostitución (PNAP), explica que no se trata de “casos aislados” y una de las razones de su proliferación es, a su juicio, que los protocolos de los servicios sociales no contemplan ese factor. Carracedo señala también deficiencias de tipo administrativo que tienen que ver con esta realidad: “La aplicación de la perspectiva de sexo presenta déficit de aplicación en los modelos de intervención social de todas las instancias”.
Sin embargo, la actividad de las menores –también chicos- fuera de los centros sí suele levantar las sospechas del personal que las atiende. Así lo atestigua Oiane Menika, de la asociación bilbaína Emargi y de Euskal Herriko Mugimendu Abolizionista (EHMA), quien ha trabajado como educadora en varios centros de menores, y sostiene que “se sabe que estas situaciones llevan sucediendo desde hace mucho tiempo y de tapadillo”.
En los casos vascos, las instituciones han intervenido después de que progenitores de los y las menores afectadas sacaran el problema a la luz. Esta actitud resulta reprobable para la asociación contra la violencia machista Andereak de Durango, que advierte de que “las instituciones no pueden esconder estos delitos que el Código Penal castiga con desde 2 hasta 10 años de cárcel”.
Las responsabilidades
¿Quién es responsable de esta desprotección? ¿Qué hay que hacer para acabar con esta violencia?. Esa es la segunda cuestión.
Los puteros
Hurtado responsabiliza de la situación, en primer lugar, a los puteros. Ellos “pagan por violar” a estas chicas, a quienes, lógicamente, no se les puede privar de su libertad de movimiento. Todas las otras asociaciones citadas, y junto con ellas la bilbaína Lanbroa y Araba Abolizionista, coinciden en este aspecto.
Las instituciones políticas
También responsabilizan a las instituciones. Para Carracedo hay “políticas que constituyen factores concurrentes que dinamizan la explotación sexual de menores”. Pone como ejemplo las actuaciones de Emakunde en esta materia, “que comparten otras instituciones” y que se centran en incidir sobre la trata, que es una “cuestión criminológica”, sin “interpelar sobre la tolerancia social a la prostitución”. Sara Vicente (PNAP) apunta a las consecuencias: La “falta de disuasión sobre la oferta y la demanda” está llevando a que la prostitución “se considere una forma normal de relacionarse”.
Araba Abolizionista recuerda que la Diputación de Araba interpuso su denuncia en octubre de 2016 y, en abril del mismo año, la Policía Local se había acercado al centro de Sansoheta “para recabar información ante la denuncia de la madre de un menor tutelado por sospechas de prostitución”. Esta asociación aprecia “negiglencia política” por “dejación del deber de protección de los servicios especializados”.
Menika considera un problema que “se normalicen estas situaciones desde instituciones y centros que están para proteger” y achaca esta pasividad a la falta de formación en igualdad del funcionariado y del personal de las empresas subcontratadas. Por eso, Emargi exige más y mejor cualificación y “políticas públicas para cortar de raíz el tráfico sexual de menores”.
“Las mafias de la prostitución están muy bien relacionadas, tienen mucho poder y luchan activamente contra las políticas de igualdad”
Los tribunales
Hurtado pone el foco también en los tribunales. Exige mejorar la protección, que se aborde el abuso infantil y que se ataje la violencia institucional y la revictimización de los menores en el sistema judicial, lo que está provocando que “no denuncien porque saben que no las van a creer”.
No obstante, reconoce la dificultad de estas pretensiones, debido a que “las mafias de la prostitución están muy bien relacionadas, tienen mucho poder y luchan activamente contra las políticas de igualdad”.
Araba Abolizionista se une a esa petición y demanda “de forma contundente e inmediata la reparación de las víctimas, la mejora de los servicios sociales, una justicia y agentes judiciales formados y la asunción de responsabilidades políticas”.
Las soluciones prácticas
La Ley Abolicionista (LOASP)
La Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional (LOASP), que ha elaborado la PAP, la plataforma estatal, sirve de cauce a estos requerimientos. Las organizaciones abolicionistas claman con una sola voz por que se tramite y apruebe.
El borrador ha sido presentado al Ministerio de Igualdad y a los secretarios generales de los partidos en el Gobierno del Estado, PSOE y Unidas Podemos. Carracedo señala que no han obtenido respuesta y que la plataforma seguirá incidiendo “hasta que los responsables políticos entiendan la necesidad de este instrumento legal”.
El texto se estructura en tres ejes: el primero, garantizar a las mujeres en prostitución la amplia gama de derechos de esta ley y de otras concurrentes con independencia de su origen geográfico; el segundo, desmantelar la industria de la explotación sexual y, el tercero, desincentivar la demanda, penalizar al putero.
“La pornificación de la cultura normaliza la idea de que las mujeres, las niñas y adolescentes no son personas, sino sólo cuerpos para usar”
Las soluciones ideológicas
Todo lo señalado se ve como una necesidad urgente en el orden práctico. Sin embargo, las plataformas y organizaciones abolicionistas ven también necesario incidir en el terreno ideológico.
Prostitución y ‘porno’ como violencia sexual
Consideran imprescincibles políticas que sitúen a la prostitución en lo que es: violencia sexual, tal y como lo reconocen las legislaciones Suecia y Noruega, incide Hurtado.
Lanbroa denuncia la “pornificación de la cultura en general con canciones, vídeos, y series que muestran la hipersexualización de niñas cada vez más jóvenes”, elemento que “contribuye a normalizar la idea de que las mujeres, las niñas y adolescentes no son personas, sino sólo cuerpos para usar, y que su máximo valor es el ‘capital sexual’ que tengan para los hombres que los utilizan”.
Educación en redes sociales
La asociación bilbaína alerta de que, “a edades cada vez más tempranas”, las jóvenes ignoran “conductas de riesgo en las que exponen su cuerpo o partes de él, como el ‘sexting’, y en redes redes sociales, como Onlyfans, que envían continuamente el mensaje de que es algo inocuo y que incluso pueden reportar rendimiento económico”.
Ello, subrayan, “disminuye sus barreras de protección y las acerca de forma progresiva a espacios donde los depredadores sexuales se aprovechan de su vulnerabilidad”.
Lanbroa advierte también de “las consecuencias emocionales y psicológicas de la pérdida de límites personales y la sobreexposición en las redes”, que traen como consecuencia “daños que todavía no estamos en condiciones de valorar, pero que se intuyen de gran magnitud”.
Educación sexual
La portavoz del Front PV recalca que los efectos psicológicos de la prostitución “son devastadores”, que quienes la han practicado “nunca se recuperan” y que “muchas se suicidan”.
Emargi abunda en esta idea y añade que la explotación sexual de menores “tiene todo que ver la forma en que se educa y se vive la sexualidad de las mujeres”, que hace que “nos dañemos a nosotras mismas desde una presunta libertad individual, incluso siendo menores”.
Lanbroa se pregunta si, al elaborarse el borrador de la nueva Ley Vasca de Educación, “se ha tenido en cuenta el modelo de educación sexo-afectiva desde criterios feministas que tanto necesitamos para empezar a poner medidas que contribuyan a erradicar la violencia sexual”.
Guía de estilo para medios de comunicación
Araba Abolizionista entiende que el lenguaje de los medios de comunicación es también responsable de que la explotación sexual no se sitúe en su justa dimensión y les insta a emplear una guía de estilo. “No se trata de menores con graves problemas de conducta; son niñas y niños víctimas. No son servicios sexuales, sino agresiones sexuales. No puede emplearse la palabra ‘cliente’ por muy entrecomillada que esté para referirse a un presunto pederasta. No son comportamientos aislados, sino la evolución lógica de un Estado proxeneta que trata de acceder también al cuerpo de las niñas y los niños”.
Responsabilidad social
El objetivo de las organizaciones abolicionistas es que toda la sociedad reconozca que “tiene la gran responsabilidad de proteger a todas las personas, pero sobre todo a las mujeres, niñas, niños y a adolescentes más vulnerables y es evidente que no lo está haciendo”, entiende Lanbroa.
La mayoría de las organizaciones vascas consultadas para este reportaje pertenecen a la Plataforma Abolicionista de Euskal Herria, EHFAK, que advierte de que se mantendrá “vigilante” para “trabajar en la medida de sus posibilidades por el derecho de las niñas y niños a una vida libre de violencias sexuales”.
