El Grupo de Acción Política de Trabajadoras de Hogar, del que forman parte la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia y SINA Kooperatiba Elkarte Txikia, ha convocado para mañana, 2 de julio, concentraciones frente a las sedes centrales del SEPE. El motivo es exigir el pago en julio de todas las solicitudes pendientes del subsidio extraordinario aprobado por el Gobierno español el pasado 1 de abril en respuesta a la emergencia sanitaria.
Las convocatorias más cercanas son en Bilbao a las 10:30 horas; en Donostia, a las 12:00 horas, y en Iruña, a las 13:00 horas.
“Han pasado ya tres meses desde que la crisis provocada por la pandemia privó de su empleo a millones de personas; quienes vivían al día con bajos salarios, quedaron sin recursos económicos para subsistir. Para las trabajadoras de hogar, el golpe fue muy especial porque no contaban con la prestación de desempleo”, destacan las asociaciones de trabajadoras del hogar y cuidados.
“Al Gobierno le costó mes y medio poner en marcha un subsidio, que es solo para las que estaban de alta en la Seguridad Social”, añaden. “Hoy es el día en que ninguna ha recibido su prestación, porque el SEPE tiene tres meses para reconocerla a partir de la fecha de la solicitud.
Según los datos que se manejan, un total de 27.413 empleadas de hogar reclamaron el subsidio extraordinario entre el 4 y el 29 de mayo. El colectivo de empleadas de hogar y cuidados era, hasta el momento, ajeno al Servicio Público de Empleo Estatal ya que no cotizaba por la contingencia de desempleo.
“Salimos a la calle para denunciar el maltrato al sector de trabajadoras de hogar y cuidados, en este caso, de la mano de un gobierno que prometió no dejar a nadie atrás”. En ese mismo sentido también destacan que la prestación “no tiene en cuenta a quienes estaban en situación administrativa irregular ni a autóctonas y a migrantes sin alta”.
El comunicado añade que “es la política de siempre con respecto al empleo de hogar, es la vieja normalidad. Una parte del trabajo no está reconocido: es el que hacen trabajadoras migrantes en situación irregular y trabajadoras sin alta en la Seguridad Social. Todos los gobiernos miran para otro lado, porque su trabajo ahorra gasto social.
Aquellas cuya existencia se reconoce, las que podrían recibir el subsidio, no son prioridad: son mujeres haciendo trabajo de mujeres. Sus necesidades económicas, su derecho a ser informadas, no cuentan con la atención ni garantías del resto de los sectores”, concluye.
