Las instituciones anuncian “no dejar a nadie atrás”, pero a la vista está que las inversiones económicas necesarias no están a la altura de las promesas. Una baracaldesa de 52 años, desempleada, perceptora del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y con una hija de 15 años deberá desalojar la vivienda en que reside en alquiler para el viernes 30 de diciembre.
El juzgado ha dictado orden de desalojo y la notificación añade un dato que resuena a sentencia. Hora máxima, las 9.15.
Es un caso más de muchos que se repiten en todas partes y que son demasiado insorportables para una sociedad que se autodenomina a sí misma del bienestar. Es uno de los graves problemas que afectan sobre todo a las mujeres, que soportamos un nivel de rentas notablemente inferior.
4 desalojos a la semana
Los desalojos de Barakaldo se conocen gracias al infatigable activismo de la plataforma contra la exclusión Berri-Otxoak. Esta agrupación ha contabilizado más de 2.000 desahucios, una media de cuatro por semana, desde que en noviembre de 2012, Amaia Egaña se quitara la vida por este motivo.
Como en ése y otros casos, también esta vez, la plataforma se ha solidarizado con la mujer y ha convocado un acto de protesta. Lo hizo el pasado día 7 y acudieron también por otros colectivos, entre ellos el feminista Argitan.
Según denuncia Berri-Otxoak, ni los servicios sociales municipales, ni el Servicio Vasco de Vivienda Alokabide, “han atendido la demanda de una solución a este nuevo desahucio, pese a las solicitudes planteadas por la mujer, amenazada con quedarse en la calle”.
Se debe dar “respuesta inmediata”
No exigen caridad, sino que se cumpla la ley. Berri-Otxoak recuerda al Ayuntamiento que debe “dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente” cuando hay familias vulnerables afectadas por una situación de desahucio y garantizar un alojamiento de urgencia, que permita el acceso a una vivienda en régimen de alquiler social en el plazo más inmediato, no superior a un mes”.
La plataforma contra la exclusión lamenta que “nuevamente el gobierno local y la Consejería de Vivienda del Gobierno Vasco incumplen la legislación frente a los desahucios, aprobada en 2013 tras la muerte de Amaia Egaña y renovada en febrero de 2019 por Gobierno Vasco, la asociación de municipios vascos Eudel y el Consejo General del Poder Judicial. Dicha normativa -añade- establece que se debe dar una alternativa habitacional a todas las personas y familias afectadas por un desahucio motivado por una falta de recursos económicos”.
Y recuerda que estas instituciones no sólo incumplen sus propias disposiciones. También ignoran resoluciones de obligado cumplimiento de las Naciones Unidas y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, “que exigen el acceso a una vivienda cuando su carencia afecte a familias en situación de vulnerabilidad económica y, especialmente, cuando hay menores perjudicados”.
