Organizaciones y referentes feministas se han unido a una campaña estatal que busca acabar con la indignidad de las condiciones laborales y vitales a las que son sometidas las personas extranjeras que trabajan en las explotaciones agrícolas y ganaderas. Además, creen que esa situación está detrás de los rebrotes del Covid-19 que están produciéndose en explotaciones agrarias, en la industria agroalimentaria y cárnica, y en centros de alojamiento para migrantes.
En un manifiesto titulado ‘Las vidas migrantes y precarias importan’ denuncian la explotación laboral y el racismo institucional, y exigen la paralización en la actividad de las empresas que no cumplan con garantías de prevención, así como la derogación de la Ley de Extranjería y de las reformas laborales, entre otras reivindicaciones.
Entre las firmantes del escrito figuran la filósofa y activista Jule Goikoetxea, la periodista Nuria Alabao; Pastora Filigrana, abogada feminista sevilana, sindicalista del SAT y activista gitana; Andrea D’Atri, fundadora de Pan y Rosas (Argentina).
También hay representantes de Las Kellys, de la Colectiva feminista Impacientes (Madrid), de Mujeres Supervivientes (Sevilla) y de la Agrupación de Mujeres Pan y Rosas (Estado español), entre otras.
Este es el comunicado que han hecho público:
La mayor parte de los rebrotes de Covid-19, y los más extensos y preocupantes, están produciéndose en explotaciones agrarias, en la industria agroalimentaria y cárnica y en centros de alojamiento para migrantes. Las condiciones de explotación, hacinamiento e insalubridad de estos centros de trabajo y residenciales están detrás de esta situación. La legislación de extranjería y el racismo institucional son su telón de fondo.
Nuevamente la pandemia demuestra entender de clases sociales. Los eslabones más explotados y oprimidos de la clase trabajadora son los más expuestos al contagio.
Lo son porque, tanto el gobierno como la oposición coinciden en anteponer la reactivación de los negocios y ganancias de estas patronales superexplotadoras sin que garanticen las más esenciales condiciones higiénico-sanitarias de prevención. Ni EPIs, ni distancias de seguridad, ni viviendas dignas para los temporeros. Esta es la realidad de cientos de centros de trabajo en todo el Estado español.
Lo son, también, fruto del estado paupérrimo de los centros de asistencia para refugiados y de las condiciones de vivienda de las y los trabajadores extranjeros. Centros hacinados, sin personal suficiente y en condiciones de precariedad, gestionados por empresas privadas o fundaciones que se lucran con esta situación. Esta es otra de las aristas del racismo institucional de los distintos gobiernos central, autonómicos y municipales.
Para ocultar su responsabilidad y la de la patronal despliegan el discurso de la responsabilidad individual, llegando al colmo, como hacen diversos medios de comunicación, de culpabilizar a los y las temporeras y migrantes de los contagios.
Los y las abajo firmantes:
Denunciamos esta campaña mediática y la complicidad de los diferentes gobiernos con las patronales superexplotadoras.
Les señalamos como responsables de los rebrotes y posibles nuevos episodios de expansión comunitaria de contagios que puedan generarse a partir de esta situación.
Exigimos:
La paralización de las actividades en todas las empresas que incumplan las medidas de prevención elementales y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo y jornales hasta que éstas sean resueltas.
El fin de las condiciones de trabajo precarias y la derogación de las reformas laborales.
Que se garanticen viviendas dignas, para todas aquellas personas migrantes o sin recursos que lo necesiten, y que los centros residenciales para personas refugiadas o menores migrantes sean atendidos por personal contratado directamente por el Estado y en condiciones dignas.
La regularización inmediata y permanente de todas las personas migrantes, la derogación de la Ley de Extranjería y el cierre definitivo de los CIEs.
