La aprobación en 2021 de la de Protección Integral a la Infancia está dando respuesta inmediata al problema de la violencia machista indirecta ejercida sobre menores. Las retiradas de custodias a maltratadores se han multiplicado exponencialmente.
En concreto, en el segundo semestre de este año han aumentado un 43,2 % respecto al primer trimestre, durante el que la reforma legislativa ya estaba en vigor, y en un 329 % sobre el mismo período de 2021.
La citada norma modificó el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y establece la suspensión del régimen de visitas “cuando se dicte una orden de protección con medidas de contenido penal y existieran indicios fundados de que los hijos e hijas menores de edad hubieran presenciado, sufrido o convivido” con la violencia de género.
Los datos proceden del informe anual sobre violencia de género hecho público por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.
Indicadores al alza
Entre abril y junio de 2022, se contabilizaron 44.543 víctimas de violencia machista, lo que indica que casi 20 de cada 10.000 mujeres dan a conocer que sufren este tipo de violencia en el Estado.
La presidenta del observatorio, Ángeles Carmona, expresó su preocupación por esa cifra. “Las mujeres víctimas del segundo trimestre de 2022, un periodo que ya no se ve afectado por las consecuencias de la pandemia, nos sitúan en cifras más altas que las que se registraron antes de la irrupción del COVID-19 (40.687 en el último trimestre de 2019 y 36.185 en el primer trimestre de 2020)”, analiza.
“Las instituciones somos en muchos casos el último recurso que le queda a la víctima”
El informe refleja que todos los indicadores de la violencia machista experimentaron un significativo aumento durante el segundo trimestre de 2022 con respecto al mismo periodo del año anterior. El número de denuncias por violencia de género subió un 12,33 % al registrarse un total de 45.743 (frente a 41.765 en el mismo período de 2021).
Se ha registrado asimismo la evolución al alza de las órdenes de protección, que han totalizado 8.662, un 8,7 % más que hace un año. También han aumentado las sentencias condenatorias, (el 76,84 % del total frente al 75,22 % del segundo trimestre de 2021.
Problema de primer orden
Carmona considera que la violencia machista se mantiene como un problema de primer orden y que ninguna de las instituciones implicadas debe bajar la guardia.
Por este motivo, les insta a seguir trabajando en la mejora constante de la red de protección de las mujeres y en la respuesta eficaz ante este tipo de delitos. “Las instituciones somos en muchos casos el último recurso que le queda a la víctima para salir de la situación de violencia. Es importante no cejar en el esfuerzo, seguir al lado de todas esas mujeres y de sus hijos e hijas”, sostiene la presidenta del observatorio.
