Los sindicatos ELA, CCOO y LAB han denunciado al Viceconsejero del Gobierno Vasco la falta de medios materiales y humanos en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer
En un comunicado conjunto, aseguran que el personal de estos juzgados “es un colectivo que por las características especiales de este tipo de órganos judiciales (trato directo con las víctimas y sus familiares, investigado, etc.), está sometido desde su creación en el año 2005 a una frenética dinámica de trabajo, con necesidad de más medios materiales y humanos”.
Además, las centrales reclaman una “nueva organización” que posibilite prestar un servicio de calidad a la ciudadanía.
Se está produciendo un “retraso inaceptable en dar solución judicial a las víctimas del maltrato”
Denuncias anteriores
La situación había sido ya denunciada con anterioridad al Gobierno vasco “para que asuma su responsabilidad”. Pero no se produjo la respuesta esperada. Así, a día de hoy, los sindicatos “nos encontramos con un servicio sobrepasado por la carga de trabajo que no puede garantizar la seguridad de las partes, así como los derechos de las/os trabajadoras/es a unas condiciones de trabajo adecuadas”.
La consecuencia es “un retraso inaceptable en dar solución judicial a las mujeres víctimas del maltrato”.
Los problemas se han visto agravados debido a la pandemia. Según los sindicatos, “alguno de estos órganos ha obligado a establecer turnos de mañana y tarde entre el personal administrativo y permanencia continuada de los/as Magistrados-Jueces y LAJs (Letrados y Letradas de la Administración de Justicia)”.
Lejos de mejorar la situación, dichas medidas han empujado al servicio “casi al colapso, sin disponer de los medios necesarios e incumpliendo en algunas ocasiones las necesarias medidas de prevención, como son las desinfecciones protocolizadas entre los turnos frente al COVID-19.
Movilizaciones
ELA, LAB y CCOO han presentado por escrito las “medidas concretas que se deben implantar que posibiliten una respuesta judicial rápida y adecuada a las mujeres víctimas de la violencia”.
Igualmente, han exigido que se cumpla los compromisos adquiridos en el Plan de actuación del Departamento de Trabajo y Justicia 2019-2021 y que “todavía no se han ejecutado”.
Los sindicatos ELA, CCOO y LAB aseguran que “de no darse respuesta inmediata a las peticiones realizadas” se movilizarán “para que los organismos responsables del servicio reviertan la situación”.
