Organizaciones feministas, sociales y sindicales han recordado hoy a la vecina de Barakaldo Amaya Egaña cuando se cumple el décimo aniversario de su suicidio, motivado porque iba a ser desalojada de su vivienda, y han aprovechado para denunciar que existen muchas personas amenazadas de desahucio.
Activistas del Centro Asesor de la Mujer Argitan, la plataforma contra la precariedad y la pobreza Berri-Otxoak, y los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEILAS, CGT y CNT se han concentrado esta mañana ante el palacio de justicia de Barakaldo para homenajear a Amaia Egaña.
El suicidio de esta vecina de Baralakdo causó una gran conmoción social y dio lugar a medidas políticas para tratar de garantizar el derecho a la vivienda. Egaña, de 53 años y ex concejala socialista, no pertenecía a un colectivo en riesgo de exclusión. Trabaja desde hacía casi 30 años en la empresa de transportes Bizkaibus y dirigía el departamento de Recursos Humanos. Vivía con su marido y su hijo de 21 años.
Según las organizaciones convocantes de la protesta, pasados diez años, los desahucios siguen vigentes, al igual que la falta de una alternativa habitacional. Un total de 2.027 familias han sido desahuciadas en los últimos diez años en la localidad y cuatro familias padecen cada semana esta situación. El 87% de ellas viven en alquiler, y algunas incluso son desalojadas de la habitación en la que residen.
Aplicación del protocolo
Los colectivos baracaldeses exigen la aplicación del protocolo frente los desahucios acordado tras la muerte de Amaia Egaña, en 2013, y renovado en febrero de 2019 por el Gobierno Vasco, la asociación de municipios vascos Eudel y el Consejo General del Poder Judicial. Dicho documento establece que los servicios sociales deben dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente que garantice el acceso a una vivienda en régimen de alquiler social.
También instan a las administraciones a acatar las resoluciones del Defensor del Pueblo-Ararteko, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que “obligan a ofertar una alternativa habitacional a todas personas y familias desahuciadas, y más cuando estas tienen menores a cargo.”
Piden, además, al equipo de gobierno de Barakaldo que dé “marcha atrás a su política de recortes en el acceso a las ayudas de emergencia e incrementar la partida presupuestaria destinada a las ayudas económicas municipales para frenar el riesgo de desahucio, pues un 68% de estas prestaciones se destinan al acceso y mantenimiento de la vivienda habitual”.
Asimismo, le reclaman que aumente la partida presupuestaria destinada a las ayudas económicas municipales para frenar el riesgo de desahucio, y que mantenga el plazo de solicitudes abierto durante los 12 meses del año, “tal como lo regula la ley, pues el 3 de noviembre se cerró hasta, como mínimo, cuatro meses”.
