La lideresa feminista y defensora de la paz Cecilia Valderrama, de 48 años y madre de 4 hijos, ha sido asesinada los pasados días en Colombia y este hecho ha vuelto a remover los cimientos de una sociedad donde la violencia sigue siendo un problema cotidiano y estructural, y donde el asesinato de defensoras y defensores de los derechos humanos arroja cifras terroríficas.
Con ella se eleva a 63 la lista de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos asesinadas en ese país sudamericano durante este año. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) contabiliza 1.179 activistas a quienes se les ha arrebatado la vida desde la firma de los Acuerdos de Paz, en 2016.
Valderrama formaba parte de la Asociación de Mujeres del Escobal (ASMUES) y era lideresa del Cañón de Las Hermosas, que se ubica al sur del Tolima, en el centro-oeste de Colombia. Su cadáver fue encontrado en una finca ganadera de la localidad de Chaparral del departamento de Tolima, el miércoles, un día después de que se denunciara su desaparición.
Manifestación feminista
La Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz y la Asociación de Mujeres del Escobal convocaron a la ciudadanía a un acto simbólico con velas en rechazo del feminicidio e hicieron un llamamiento, tanto a la Policía, como a la Justicia, para que “se agilicen las acciones pertinentes que permitan esclarecer este hecho lamentable de violencia”.
Las participantes construyeron el símbolo feminista para exigir que no se justifique ningún tipo de violencia contra las mujeres y niñas, y para resaltar la labor social que desempeñó la líder Cecilia Valderrama.
La Red de Mujeres trabaja para formar lideresas “sensibilizadas para actuar desde una perspectiva de género” que ayuden a “superar las desigualdades por sexo en el trabajo, en los municipios del sur del Tolima, conscientes de que abordamos un profundo cambio cultural, donde la equidad es el componente esencial de la transformación política, económica, social y cultural”, señalan en su web.
Condena de la ONU
La ONU condenó el asesinato a través de la representante de su oficina de Derechos Humanos en Colombia, Juliette de Rivero, quien exhortó a investigar, juzgar y sancionar a los responsables. “Nos solidarizamos con sus familiares y con la Asociación de Mujeres de El Escobal”, añadió.
Sin embargo, este mensaje recibió multitud de respuestas, en las que se denuncian la impunidad y el genocidio de defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia ante lo que consideran insuficiente respuesta de los organismos internacionales. “Es lamentable cómo el régimen que impera en Colombia viene asesinando sistemáticamente a líderes sociales, defensores de derechos y pueblo en general, ante el silencio cómplice de muchos organismos internacionales”, denuncia un comentario.
Otro tuitero lanza un llamamiento desesperado al mundo y responsabiliza también al Estado: “Protestar y expresar inconformidad es pena de muerte. Ex combatientes, líderes sociales, ambientalistas, líderes de protestas pacíficas son objetivo militar. ¡¡SOS comunidad internacional!!… Paren asesinatos. No más represión violenta”.
