Unas jornadas sobre violencia vicaria y violencia institucional celebradas el pasado fin de semana en Mérida dejaron claro que las administraciones permiten estas formas de tortura hacia las mujeres y que ambas van de la mano. A qué extremos de iniquidad puede llegar lo que se conoce como arrancamiento de niños y niñas de sus madres lo refleja perfectamente el caso de Inmaculada Fuentes, una víctima del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), a quien no dejan ver a su hijo, ingresado en el servicio de Oncología del Hospital de Cruces, ni le informan de su estado de salud.
Esta auxiliar de clínica en el Hospital de Txagorritxu (Gasteiz) asegura que lleva luchando desde hace meses por poder tener comunicación con su hijo menor, de 14 años, pero que el padre, a quien se otorgó la custodia, hace todo lo posible por obstaculizarla. Tiene otra hija de 18 años que vive con ella y que en ningún momento ha querido relacionarse con su progenitor. Todos los intentos de que lo hiciera cuando era menor fracasaron.
Denuncia del marido
El punto álgido de la violencia institucional que Fuentes está sufriendo fue la imposición de una orden de alejamiento de su hijo el pasado mes de febrero. Refiere que su ex marido la denunció por violencia psicológica. También denunció a su hija y “ahora quiere que se la juzgue”. Antes de dictarse la medida, ella le había enviado unos mensajes y se dictaminó que eso lo perturbaba. Al mismo tiempo, se estableció un régimen de visitas, que no se ha hecho efectivo.
Pero el suplicio de esta gasteiztarra comenzó en noviembre de 2019 cuando la Diputación de Alava asumió la tutela de su hijo por “desamparo”, después de acusarla a ella de “instrumentalización” (una variante del falso SAP). ¿En qué consistía el desamparo? No hubo explicación. A la hija, que entonces tenía 15 años, la declararon en “situación de riesgo”, aunque en ningún momento ha dejado de vivir con su madre.
“Le otorgaron la custodia del hijo al padre y ella ha podido verlo a cuentagotas, y ahora, nada”
Desde entonces, Fuentes recorre sin parar instituciones políticas y judiciales, y servicios sociales y de Menores para recuperar a su hijo. En todas partes han hecho oídos sordos, no sólo a sus demandas, sino también a las preguntas que representantes en las Juntas Generales alavesas y otros agentes planteaban sobre la cuestión. Finalmente, la Diputación transfirió el caso a los juzgados en octubre de 2021 y el caso está judicializado.
Entre medio, le otorgaron la custodia del hijo al padre y ella ha podido verlo a cuentagotas. El período más largo fueron las vacaciones del año pasado, en que el chaval pudo disfrutar de quince días de estancia continuada con su familia materna.
Visitas hospitalarias prohibidas
En un calco de las penalidades que soportan las víctimas del falso SAP, el contacto con su hijo desde que se lo arrebataron ha consistido en fines de semana alternos, horas sueltas, citas en puntos de encuentro y finalmente nada en absoluto… Hasta hoy en que, ingresado por un linfoma desde la semana pasada y habiendo incluso permanecido en la UCI, ella tiene prohibidas las visitas –el padre, “incumpliendo la orden judicial”, autorizó tres contactos- y desde el viernes no recibe información médica por parte del su exmarido, que es a quien corresponde ofrecérsela.
Este mazazo ha abierto un nuevo capítulo en la batalla institucional de Inmaculada Fuentes. Ya recientemente, junto con otras dos mujeres, Laura Fuentes y Mercedes García, denunció ante el Consejo General del Poder Judicial “la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y al acceso a un proceso justo y equitativo de forma reiterada”. También remitieron una queja común a la Fiscalía General del Estado y al Gobierno vasco en la que detallaban los atropellos sufridos. Están a la espera de respuestas.
“Mi hijo necesita a su madre”
Ayer intentó presentar un escrito ante la Fiscalía de Menores de Gasteiz para solicitar flexibilidad en la sentencia que dictó la orden de alejamiento. Quiere ver a su hijo y estar al tanto de su evolución.
La Fiscalía rehusó recoger el documento. Eso sí, la recibió el titular del órgano judicial, quien le explicó que era conocedor de su situación y que tenía que ser el abogado quien hiciera la solicitud. También le pidió paciencia.
Pero para Inmaculada Fuentes, tras el ingreso de su hijo en Oncología, el tiempo de espera está agotado. El pregunta a su hermana por ella y sabe que el niño “necesita a su madre”, articula con voz quebrada. También ayer mismo, su abogado presentó un escrito en el Juzgado de Instrucción número 2, y confía en obtener una respuesta inmediata. ¿Habrá humanidad? “Espero que sí y que el tribunal se pronuncie en poco tiempo”, clama.
