Las supervivientes y mujeres en prostitución no se conforman con la reforma del Código Penal planteada por el PSOE para prohibir el proxenetismo y la demanda de mujeres y niñas para uso sexual por precio. Si bien consideran la medida “esperanzadora”, creen que se queda corta y, en un manifiesto abierto a adhesiones, exigen medidas integrales para restaurarlas del daño sufrido, ayudar a quienes permanecen atrapadas en las redes del proxenetismo y evitar la captación de niñas y jóvenes.
La propuesta socialista se limita a acciones punitivas. Penaliza a los puteros y recupera la tercería locativa, que castiga a quien con ánimo de lucro destina de forma habitual un local a la prostitución. La portavoz de la Plataforma de Organizaciones Feministas por la Abolición de la Prostitución (PAP), Charo Carracedo, señaló ayer que “la supresión de esa figura jurídica en la reforma del Código Penal de 1995 ha causado en este tiempo mucho daño y ha elevado la explotación sexual de mujeres y el proxenetismo hasta niveles insoportables”.
Considera, por ello, que estas acciones llegan tarde y que lo que las víctimas de la prostitución necesitan hoy es la Ley Orgánica del Sistema Prostitucional (LOASP) que el feminismo y la PAP impulsan. Esta norma incluye medidas integrales para su atención, acompañamiento, formación y reparación, además de perseguir a quienes fomentan y sostienen la prostitución.
“Práctica para violar previo pago”
Las víctimas del sistema prostitucional exigen también en su manifiesto la aprobación de esta ley orgánica. El texto ha sido suscrito por Sarah Berlori, Vanessa Silva, Carol L y otras dos mujeres que no revelan su nombre. Las firmantes sostienen que el consumo y la demanda de prostitución es una “práctica universal entre los varones diseñada para violar, someter y dañar sexualmente a niñas y mujeres previo pago”.
“Nuestra sociedad es cómplice de esta brutal violencia y la ha sostenido con argumentos de una misoginia aplastante”
En ella convergen varias formas de violencia machista, “la violencia económica y la sexual”, por lo que consideran que “es un atentado a las libertades más básicas y una violación a los derechos humanos de las mujeres y niñas”.
Recuerdan que el Estado español es el mayor consumidor en Europa de prostitución y uno de los destinos más habituales de la trata con fines de explotación sexual. “Por ello, podemos decir, con todo el rubor del mundo, que nuestra sociedad es cómplice de esta brutal violencia, ya que siempre ha sido conocedora de la existencia del sistema prostitucional y, lejos de tratar de abolirla, la ha justificado y sostenido con argumentos de una misoginia aplastante”.
Esta indiferencia, cuando no encubrimiento, justifica, bajo su punto de vista, que sea desde “nuestra sociedad, de donde haya de surgir un plan de abolición, que incluya sobre todo alternativas reales para las que aún están en este infierno y otro de compensación para las que, con mucho esfuerzo y sin prácticamente ayuda, salimos y estamos en proceso de restauración personal”.
Estas mujeres plantean que necesitan acciones concretas para salir del sistema prostitucional y mantenerse a salvo de él. Piden también propuestas preventivas, “para que niñas y mujeres de hoy en situación precaria no sean prostituidas por varones mañana”.
Sancionar el discurso regulacionista
Entre sus demandas destacan, además de medidas de apoyo y restauración, el reconocimiento de la prostitución como violencia machista, prohibir la publicidad de la prostitución por cualquier medio, tipificación del discurso regulacionista como captación velada, expropiación de bienes a proxenetas, y lugares seguros para atender a las mujeres en prostitución involucradas en actuaciones policiales.
Otro grupo formado por una decena de supervivientes que participó recientemente en una conferencia internacional, y entre las que figura Amelia Tiganus, lanzó su propio llamamiento. Exigen, además de que se persiga a proxenetas y puteros, la despenalización de todas las personas prostituidas y que se suprima cualquier medida represiva contra las víctimas de la prostitución. Además, reclaman el reconocimiento de la condición de víctima a todas las personas en situación de prostitución, españolas y extranjeras, dando acceso a la protección y reinserción, y políticas públicas de educación, de prevención y de formación abolicionistas.
