Tanto da que asistieran 400 o 1000 personas, la jornada reivindicativa que vivió el sábado Valladolid para exigir el derecho al aborto en Castilla y León marcó un hito y anticipa la reacción feminista a la ofensiva ‘ultra’ contra los derechos de las mujeres.
De hecho, las organizadoras consideran esta comunidad autónoma el campo de pruebas de un gobierno PP-Vox que podría extenderse a espacios geográficos más amplios. “PP y Vox están empeñados en criminalizar a las mujeres, en devolvernos al ámbito de lo privado, sacarnos de los espacios públicos, acallar nuestras voces y hacernos retroceder a tiempos que creíamos olvidados, legislando de acuerdo con los estereotipos y exigencias patriarcales, y con los intereses económicos del capitalismo ultraliberal conservador”.
Y es que es un hecho que el avance de la extrema derecha en todo el mundo y en Europa está repercutiendo en la protección de los derechos de las mujeres en general, y los sexuales y reproductivos en particular.
A pesar de que las leyes garantizan el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo, muchas veces no se cumplen y en el territorio castellano-leonés, por ejemplo, sólo se dispone de tres centros privados acreditados para esta práctica, uno de ellos concertado. Burgos es la única provincia donde se puede abortar en la sanidad pública, mientras que Ávila, Palencia, Segovia, Soria y Zamora no cuentan con ningún servicio, por lo que las mujeres tienen que desplazarse a otras provincias o comunidades autónomas.
Latido fetal y ecografía
Pero estas no son las únicas dificultades. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (VOX) pretende que las mujeres que demandan abortar escuchen el latido fetal o se les muestre el embrión o feto mediante ecografía 4D, tal y como ocurre en Hungría y en algunos estados de Estados Unidos y como los grupos ultracatólicos ofrecen frente a la clínica Dator de Madrid.
¿Qué ocurre cuando los servicios para la práctica de un aborto seguro están restringidos o no están disponibles? “Puede poner en riesgo una variedad de otros derechos humanos protegidos internacionalmente, que incluyen el derecho a no sufrir discriminación y a la igualdad; a la vida, la salud y la información; a no sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes; a la privacidad y la autonomía e integridad física; a decidir sobre cuántos hijos o hijas tener y cuándo; a la libertad; a disfrutar de los beneficios del avance científico, y a la libertad de conciencia y religión”, advierten las feministas.
Dadas las repercusiones de las decisiones políticas en contra de las mujeres y de las limitaciones a sus derechos, la manifestación convocó a un gran número de mujeres y logró el apoyo de 200 asociaciones.
Las más activas fueron las feministas de la propia comunidad autónoma y otras de distintos lugares de Asturias, y de Cantabria. En esta última el acceso al aborto también está muy restringido. Pero hay más comunidades autónomas, como Nafarroa, que experimentan problemas similares.
Uno de los obstáculos lo suele representar la apelación a la objeción de conciencia por parte de profesionales de la medicina. La reciente Ley Orgánica que modifica la 2/2010 de Salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo regula la denegación de servicios por motivos de conciencia, entre otras disposiciones.