El movimiento feminista de Iruñea ha denunciado la criminalización consecuencia de la Ley Mordaza después de que la Fiscalía haya solicitado 15 meses de prisión por atentado a la autoridad para una activista que participó en las acciones del 8M.
Ese día cuatro mujeres se encadenaron a la sede del Parlamento y, al ser detenidas, un policía foral tropezó y con una de ellas. El juez del juzgado de instrucción nº 3 ha estimado que los hechos puedan ser constitutivos de delito y la Fiscalía acusa a la joven de atentado a la autoridad.
El movimiento feminista se concentró el pasado jueves ante el Parlamento para denunciar que “la continuación del proceso judicial supone un intento de criminalizar y atacar a un movimiento que incomoda y que no pueden fagocitar”.
Ya en junio, el movimiento feminista de Nafarroa se movilizó después de que la activista fuera acusada formalmente de atentado contra la autoridad y tuviera que acudir a declarar. Un centenar de asociaciones advirtieron de que no aceptarían esas acusaciones “ni ningún acto represivo sobre nuestra militancia y acción política”.
La vida en el centro
El objetivo de la acción del 8 de Marzo era exigir al Parlamento y al Gobierno de Navarra propuestas y medidas urgentes que supusieran un compromiso político real “para poner la vida en el centro”.
Tras la acción y la lectura del comunicado, la Policía, según las manifestantes, ”cometió un acto violento desproporcionado” al arremeter contra las feministas allí congregadas. Dos activistas requirieron atención médica y fueron trasladadas al hospital. Otra fue detenida, acusada de atentado a la autoridad. En las grabaciones publicadas en varios medios de comunicación no se aprecian indicios de tal delito.
