Las empleadas de hogar y de cuidados, muchas de las cuales están sin regularizar y en una altísima proporción son migrantes, conmemoran hoy su día internacional y siguen reivindicando unas condiciones de trabajo dignas que, de momento, se les siguen negando.
Las asociaciones que las representan en Hego Euskal Herria han elaborado un vídeo, en el que mujeres de distintas nacionalidades hablan de la penosa realidad laboral que tienen que soportar y claman por sus derechos.
El testimonio más sobrecogedor es el de Rachida, originaria de Marruecos, quien denuncia la explotación en el trabajo interno esclavo. Afirma que, en sus 25 años de desempeño, ha tenido que aceptar salarios de 700 euros que sólo han ascendido a 1.050 tras conseguir la regularización.
“Cuando la abuela no duerme, yo tampoco”
Ha trabajado sin descansos, porque en las dos horas libres de las que disponía tenía que acompañar a pasear a la abuela a la que atendía, con demencia senil. No se le han abonado las horas extras y ha tenido que estar pendiente las 24 horas del día porque “cuando la abuela no duerme, yo tampoco”. Este ritmo de trabajo le ha ocasionado enfermedades físicas y emocionales.
Otra mujer, desde Nafarroa, deplora que, pese a cotizar, este sector no disponga todavía de derecho al desempleo. “En 2011 lo prometieron para 2012; en 2018, el PP lo paró todo; en 2019, Podemos y el PSOE lo acordaron para 2021, y ahora lo atrasan a 2023”, censura indignada.
En este punto inciden también desde la asociación vizcaína ATH-ELE, cuya representante asegura que “el Gobierno no ofrece las condiciones para que las trabajadoras ejerzan los derechos que ya tienen reconocidos”.
No prioritarias frente al Covid
Pone como ejemplo que están cobrando por debajo del salario mínimo; que trabajan más de 60 horas semanales, sobre todo las internas; que sólo se exija la regularización de la cotización desde este año y que puedan tardar meses o años en cobrar los impagos. “Los responsables son la parte empleadora, y el Gobierno, que no defiende a las trabajadoras de hogar y de cuidados”.
Marcia, representante de SOS Racismo en Gipuzkoa, llama la atención de que, pese a estar en “primera línea de batalla”, no se las considera grupo prioritario en la vacunación contra el Covid, por lo que reivindica “un protocolo con medidas concretas que garanticen la salud y la seguridad dentro y fuera de los lugares de trabajo”.
Otras demandas de las representantes del sector son la regularización, que se ve obstaculizada porque no las dejan empadronarse en sus lugares de trabajo, y la formación socio-sanitaria.
Todas ellas peticiones que van formulando una y otra vez, pero a las que quienes tienen la responsabilidad de garantizarlas siguen haciendo oídos sordos.
