Año tras año, el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, las instituciones y responsables políticos –porque así lo marcan sus agendas– expresan públicamente su rechazo a la violencia machista, hacen gala de puntos lilas (a ver quién coloca el símbolo más grande o en más sitios) y difunden un largo listado de compromisos a realizar a lo largo del año para erradicar este tipo de violencia. Sin embargo, una vez que llega el mes siguiente –sí, diciembre– los compromisos se difuminan y ubican en un nivel de atención no prioritario; salvo que alguna vecina sea asesinada o alguna joven sea agredida sexualmente en el espacio público, que entonces se volverán a activar las mismas declaraciones de buena voluntad.
Durante estos días de noviembre los medios de comunicación hacen eco de cifras sobre la violencia machista, que muestran la enorme dimensión de esta forma de violencia, así como la sistemática vulneración de nuestros derechos. Ante esta situación, las personas con cargos políticos apelan a la responsabilidad de todos y todas para acabar con la violencia machista y hablan de la “lacra”. Nosotras reconocemos que existe una responsabilidad compartida entre los poderes públicos y la ciudadanía, pero esta responsabilidad es de muy diferente calibre en uno y otro caso, no tiene el mismo alcance ni el mismo contenido.
Reconocer una responsabilidad compartida pero diferente (entre instituciones y sociedad civil) no supone desconocer el rol fundamental que tiene el movimiento feminista en la lucha contra la violencia machista. Lo que no puede pretenderse es que se trate de un trabajo conjunto como si las obligaciones y responsabilidades estuvieran al mismo nivel. No tenemos el mismo poder/capacidad ni contamos con los mismos recursos. Desde el movimiento feminista asumimos nuestra cuota en la cadena de responsabilidad: la erradicación de la violencia machista es una prioridad en nuestra agenda y de nuestra acción política.
En FeministAlde, si bien priorizamos la acción política en las calles, de forma autoorganizada y de la mano de otros movimientos sociales, también hemos apostado por un trabajo de incidencia ante las instituciones públicas para: (i) objetar la supuesta neutralidad de las políticas, (ii) romper con la dicotomía entre lo que se entiende como asuntos privados o públicos y (iii) denunciar las prácticas de discriminación y violencia institucional generadas por actuaciones u omisiones machistas, LGBTI+fóbicas, racistas, xenófobas y clasistas.
Oportunismo y postureo
En esta experiencia, las instituciones y quienes las representan no lo han puesto fácil. Este trabajo nos ha generado mucha frustración y enfado. A pesar de esas dificultades, queremos mostrar resistencia ante el oportunismo y postureo institucional: no queremos que quede sin respuesta lo que a todas luces es una errática proliferación de marcos legales y políticos ineficaces e ineficientes.
En este sentido, trabajando en colaboración con otras compañeras, hacemos la valoración de que las políticas públicas por la igualdad puestas en marcha en la CAV no están siendo efectivas. Creemos que esto es debido fundamentalmente a los siguientes factores:
1. La falta de un marco teórico feminista potente que oriente la creación de medidas dirigidas a romper con las lógicas de fondo que generan violencia machista.
2. La insuficiencia y falta de claridad en la asignación de recursos económicos. Hasta ahora no se han dedicado los recursos necesarios para el desarrollo de políticas de igualdad eficientes por parte de las instituciones. Si se hubieran dedicado estaríamos más cerca de dejar de hablar de la feminización de la pobreza, de víctimas de la violencia machista, de discriminación laboral, de falta de compromiso y asunción de responsabilidades de los hombres en las tareas de cuidado, de triples jornadas laborales de las mujeres, de la brecha salarial, de acoso sexual y sexista en el ámbito laboral y de muchas otras discriminaciones que enfrentan las mujeres.
“A día de hoy nos seguimos preguntando si menos del 1% del presupuesto del Gobierno Vasco es una apuesta real para transformar desigualdades”
El verdadero compromiso político en este ámbito se refleja en la asignación de recursos económicos dirigidos a programas, personal especializado, recursos adaptados y universales, etc. A día de hoy nos seguimos preguntando si menos del 1% del presupuesto total del Gobierno Vasco es una apuesta real para transformar desigualdades.
3. El incumplimiento del marco normativo actual y la ausencia de normas de carácter vinculante. A casi 15 años de la entrada en vigor de la Ley de Igualdad autonómica, las instituciones vascas siguen incumpliendo su contenido; ello se pone de manifiesto en la repetición de los mismos principios ya enunciados en leyes y normativas previas, de manera que tales principios se convierten en una retahíla previsible y vacía.
El marco normativo en materia de igualdad está repleto de declaraciones de buenas intenciones y propósitos generalistas que no trascienden del papel. Nos llama la atención que su incumplimiento no se traduzca en consecuencias, no se tomen medidas coercitivas frente a quienes eluden sus obligaciones. Es necesario crear herramientas de monitoreo y evaluación para establecer un sistema de información adecuado y transparente, de cara a garantizar el seguimiento y nivel de cumplimiento de las medidas establecidas.
4. Débiles mecanismos de participación real. Las instituciones deben crear cauces de interlocución y participación que sean efectivos para los colectivos que formamos parte del movimiento feminista en toda su pluralidad. El feminismo ha ganado en las calles y desde el 8 de marzo de 2018 la legitimidad es indiscutible. Pese a ello, las instituciones no terminan de dar respuesta a las prioridades y demandas. Han incorporado el discurso feminista, pero las políticas y las prácticas siguen siendo las mismas de siempre.
Reforma de la Ley de Igualdad
En estos momentos está en marcha la reforma de la Ley de Igualdad Vasca y tememos vernos nuevamente envueltas en el mismo proceso de lidiar con la rigidez y la burocracia institucional. Sospechamos, además, que las graves deficiencias observadas en la normativa vigente (como la ausencia de perspectiva feminista), no mejoren sustancialmente en la legislación autonómica.
No es la primera vez que asistimos a la apropiación cosmética del discurso feminista con el objetivo no de transformar la realidad sino de perpetuar el sistema que produce las desigualdades; el patriarcado y el machismo se reinventan y adaptan. Nosotras debemos afrontar la disputa entre un feminismo centrado en la consecución de la igualdad de oportunidades para las mujeres y un feminismo interseccional (feminismo del 99%, como lo han denominado algunas autoras estadounidenses) que busque transformar las estructuras donde se asienta el patriarcado.
Nuestro feminismo es interseccional. Así quedó demostrado en Durango, cuando nos juntamos 3.000 mujeres en las V. Jornadas Feministas de Euskal Herria. Allí nos reafirmamos como un movimiento feminista que quiere ser antipatriarcal, anti heteronorma, anticapitalista, antirracista y ecologista.
En vísperas del 25N han podido verse en los principales edificios oficiales en Bilbao los enormes puntos lilas y los mensajes contra la violencia machista. Sabemos que a los responsables políticos les importa muy poco la igualdad, sabemos que seguirán respondiendo de forma convencional e inadecuada a la violencia machista y sabemos que seguirán impulsando políticas neoliberales, aquellas enfocadas en la responsabilidad individual y basadas en la privatización de servicios sociales, en la precarización de los trabajos feminizados y en la discriminación de las mujeres.
La realidad de la violencia machista es lo suficientemente grave como para que no se retrase más la implementación de políticas públicas con incidencia real frente a la violencia machista; se ha demostrado que el mero asistencialismo, la criminalización y el punitivismo popular no son respuestas adecuadas. Es el momento de cuestionar el esquema dominante de la igualdad de oportunidades y de poner en marcha políticas públicas transformadoras. Necesitamos políticas públicas que apuesten de verdad por el feminismo.
Nosotras seguiremos presionando para que eso sea así y mantendremos nuestro compromiso con la lucha feminista, que es la que nos ha traído hasta aquí, y contra la violencia machista que se mantiene a pesar de los avances. Nuestra apuesta no es para mañana ni para pasado, y no cejaremos hasta conseguir vivir en un mundo libre de injusticias estructurales. ¡Fuerza y solidaridad a las compañeras en todo el mundo!
Artículo publicado originalmente en ‘VIENTO SUR’ bajo el título ‘Contra la violencia machista, políticas públicas eficaces’
