Paridad, medidas de acción positiva, transversalidad en las políticas públicas… No se puede negar que han supuesto una mejora en las condiciones de vida y la consideración social de las mujeres pero no restan ni un ápice de fortaleza al patriarcado que encuentra la manera de reproducirse a través de la violencia simbólica.
Es lo que se desprende de un estudio patrocinado por el Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde y dirigido por la filósofa, profesora y activista Jule Goikoetxea, titulado ‘EAEko Demokrazia Patriarkala’ y que ha sido presentado recientemente.
La investigación analiza los mecanismos de reproducción del patriarcado y, además de datos estadísticos y otras fuentes de información, se basa en entrevistas a 45 mujeres de los ámbitos político y sindical, social y universitario. Su diagnóstico es demoledor: “El patriarcado se da en todos los ámbitos y se construye bajo unos valores concretos que sostienen la subordinación de las mujeres y lo femenino en todos los ámbitos de la vida (violencia simbólica)”, por lo que es necesario “seguir impulsando un cambio de valores no atravesados por el sexismo, el machismo y el androcentrismo”, destaca Goikoetxea.
Dependencia de los mercados y del sueldo de los hombres
Esto no es nuevo, pero sí lo son, tanto el planteamiento del estudio, como las propuestas de actuación inmediatas que incorpora. La autoras toman como punto de partida los niveles de mercantilización y familiarización de las instituciones públicas y privadas. El primer término hace referencia al nivel de dependencia del mercado para la supervivencia (cuanto menos Estado de bienestar, más dependencia del mercado), y el segundo, al nivel de dependencia de las mujeres respecto de los recursos de los hombres.
Las autoras han delimitado cuatro tipos de régimen político en la Europa de los 28 y han situado a Comunidad Autónoma Vasca (CAV) –y a los países mediterráneos- entre los que “mayores niveles de familiarización, es decir, mayor nivel de sexismo” presentan.
De 10 personas que optan por el empleo parcial, 8 son mujeres y ellas cogen también el 95% de las excedencias
Goikoetxea ofreció datos para ilustrar esta cuestión. Por ejemplo, de 10 personas que optan por el empleo parcial, 8 son mujeres.”Las razones son diferentes pero la principal es el cuidado de hijos y de mayores”. El 95% de las excedencias las cogen las mujeres para cuidados. Además, por cada nacimiento ellas pierden un 4% del sueldo, mientras que sus compañeros ganan un 6%. “Las mujeres se empobrecen y la carga de trabajo sube, y ellos se enriquecen”.
Privatización de servicios y precariedad laboral
Esto tiene que ver con el “alto nivel de privatización” de las instituciones de la CAV -poca “desmercantilización”-, lo que dificulta la independencia económica de las mujeres -la “desfamiliarización”-, en tanto que la privatización de servicios eleva la carga de trabajo doméstico y de cuidado de las mujeres y, en consecuencia, reduce su capacidad de acceder al mercado de trabajo, y, sobre todo, de hacerlo en condiciones de igualdad.
A este respecto, el estudio señala que las mujeres trabajan una media de 400 horas más al año que los hombres, y cobran un sueldo entre 25% y 30% menor. Las mujeres pensionistas, por su parte, perciben un 43% menos de ingresos que los hombres en Hego Euskal Herria.
Ayudas para cuidados “insuficientes”
El trabajo constata los recortes en el gasto público en educación y salud. También en protección social, aspecto este último “importante para clasificar los regímenes de bienestar”. Según Goikoetxea, este gasto “está muy por debajo de la media europea” en la CAV. En ayudas a la vejez a la enfermedad “estamos al nivel de España” y ve “preocupante” el insuficiente presupuesto destinado a las familias para cuidados de hijos e hijas, aspecto en el que las instituciones vascas figuran en antepenúltimo lugar sólo por delante de Turquía. El gasto en sanidad se sitúa ya también aquí por debajo de la media española.
Despatriarcalizar la sociedad vasca no es, pues, una tarea fácil, dice el estudio, ya que se necesita que las insticiones públicas se impliquen en la tarea, pongan coto a la voracidad de los mercados, reviertan las privatizaciones –las empresas subcontratadas son mayoritarias en sectores feminizados y ofrecen sueldos más bajos- y propicien un vuelco en la organización social e institucional.
Estas son algunas medidas radicales propuestas:
-Nacionalización de grandes empresas privadas y municipalización de empresas pequeñas y medianas mediante la co-gestión entre instituciones o agentes públicos y trabajadoras organizadas.
-Mejorar las condiciones laborales de las mujeres que trabajan en centros públicos
-Salario base de 1.200 euros y pensiones mínimas de 1.080 euros
-Deshacer la reducción de la RGI y subirla un 7%
-Jornada laboral de 35 horas
-Modificar el currículo educativo para que aumentar el capital simbólico de las actividades feminizadas
-Formación feminista obligatoria en colaboración con organizaciones feministas y expertas
-Estructuración, materialización y evaluación feminista de los presupuestos
-Nueva ley de Igualdad que intervengan en la esfera privada para elevar el valor simbólico del trabajo no remunerado
-Reconocer los trabajos de cuidados, valorarlos económicamente y convertirlos en fuente de derechos
-Redes de cuidado público organizadas por pueblos o barrios
-Nuevos indicadores para medir las desigualdades
-Reforzar la presencia de mujeres en los centros de poder y decisión
-Deconstruir las categorías de hombre y mujer como categorías sociopolíticas, ya que se han construido en base a “la dominación de una sobre la otra”.
-Nuevas estructuras políticas:
- Estado federal no patriarcal: reparto del poder otorgando a los ayuntamientos mayor nivel de competencia y financiación por ser los centros de decisión más cercanos a la ciudadanía
- Reparto de trabajos de cuidados, que serán obligatorios y rotativos para garantizar que todas las personas cuiden
- Consociacionismo feminista: todos los centros de decisión serán paritarios, todas las directivas serán paritarias y todos los departamentos gubernamentales contarán con dos consejeros, una mujer y un hombre
- Derecho a veto de núcleos no mixtos de mujeres en todos las asociaciones y organizaciones mixtas, incluido un Parlamento no mixto provisional dentro del Parlamento mixto.
