Armita Garavand, la joven de 17 años de origen kurdo que cayó en coma hace 28 días tras ser golpeada por las fuerzas de seguridad de Irán por no usar el ‘hiyab’ en el metro de Teherán, murió el pasado sábado. La joven se encontraba en situación de muerte cerebral.
Tras ser agredida brutalmente por la policía de moralidad iraní fue trasladada a un hospital de alta seguridad, según denuncia el Centro de Derechos Humanos de Irán (CHRI), que también denuncia la detención de la periodista Maryam Lofti, que informó sobre el caso.
Un caso similar, el de Masha Amini, asesinada en 2020 por no llevar el pañuelo “adecuadamente”, desató el movimiento Mujer, Vida y Libertad, una de cuyas impulsoras, Narges Mohammadi, ha recibido recientemente el premio Nobel de la Paz. Mohammadi se encuentra en prisión como otras muchas activistas por los derechos de las mujeres en Irán. La abogada Nasrin Sotoudeh, encarcelada en varias ocasiones desde 2019, ha vuelto a ser arrestada en el funeral de Armita.
Hace escasas semanas, coincidiendo con el aniversario de estallido del movimiento, el parlamento iraní aprobó un proyecto de ley que intensifica los castigos contra las mujeres y niñas iraníes acusadas de usar ‘hiyabs’ inapropiados. La nueva regulación trata de dar respuesta al creciente número de mujeres y niñas que se exhiben sin el pañuelo islámico obligatorio.
“Innumerables mujeres valientes continúan arriesgando sus vidas en un desafío pacífico contra la ley estatal de ‘hiyab’ obligatorio”
“El gobierno de la República Islámica de Irán está pisoteando los derechos y libertades de todas las mujeres y niñas en Irán al criminalizar la libertad de expresión -expresó la directora adjunta del Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI, siglas en inglés), Jasmin Ramsey-. “Esto incluye a las innumerables mujeres valientes que continúan arriesgando sus vidas en un desafío pacífico contra la ley estatal de ‘hiyab’ obligatorio al aparecer sin velo en público”.
Sin embargo, nadie pide cuentas a los responsables de este feminicidio. “Un año después del asesinato bajo custodia estatal de Mahsa Jina Amini, poco después de que fuera arrestada por presunto uso inadecuado del hiyab, ningún funcionario iraní ha rendido cuentas, ni por su muerte ni por los asesinatos de cientos de manifestantes que se levantaron el año pasado”, lamentó Ramsey. “En cambio, todas las mujeres en Irán están siendo sometidas a castigos colectivos”.
La CHRI ha emitido una dura advertencia de que la ‘Ley de Castidad y Hiyab’, no solo viola los derechos al debido proceso al negar a las mujeres en Irán un juicio justo antes del castigo, sino que también exacerba la discriminación y la violencia contra las mujeres en el país.
Más violencia y discriminación
En junio de 2023, una mujer de Teherán compartió con CHRI su experiencia sobre las consecuencias de la ley: “Hace unos días, un hombre en el metro me empujó con fuerza porque no llevaba hiyab y me caí al suelo. Luego me arrastró… Si no hubiera llegado la policía, el hombre no me habría dejado en paz”.
El pasado día 26, la cirujana Fatemeh Rajaeirad, reconocida como médica ejemplar, acudió a recibir su premio en traje y sin velo. Recibió los aplausos de toda la concurrencia. Sin embargo, le fue retirada la licencia para ejercer por “comportamiento inapropiado y contrario a los valores islámicos”.
Esta nueva ley impone cargas indebidas a la ciudadanía y fomenta la violencia de los vigilantes, alentándolos a participar en la aplicación de las regulaciones del ‘hiyab’ por parte del Estado. A través de un sistema de vigilancia y denuncia, también deja a las mujeres aún más susceptibles a la violencia.
Fuentes CHRI califican de “alarmante que, incluso antes de la ratificación oficial de la ley, las autoridades judiciales hayan cerrado restaurantes por servir a mujeres sin velo, y a las mujeres se les ha negado el acceso a los bancos por entrar sin ‘hiyab“, destacan.
En la actualidad, las mujeres en Irán pueden enfrentarse a multas, arrestos o encarcelamiento por no cumplir con las normas sobre el pañuelo obligatorio. El artículo 638 del Código Penal Islámico de Irán establece: “Las mujeres que aparezcan en lugares y carreteras públicas sin llevar un ‘hiyab’ islámico serán condenadas a diez días a dos meses de prisión o a una multa de 50 mil a quinientos riales”. La abogada de derechos humanos Nasrin Sotoudeh fue encarcelada en virtud de esta ley en 2019.
Las mujeres pueden ser acusadas de prostitución si se resisten a llevar el velo; se considera un acto equivalente a la desnudez
Además, las mujeres pueden ser acusadas de prostitución o de “promoción de la prostitución” si se resisten a llevar el velo o defienden el derecho de la mujer a vestirse como quiera, como se indica en el artículo 639. Este delito conlleva una pena de uno a diez años de prisión.
El proyecto de ley sobre ‘Castidad y hiyab’ propuesto ahora va aún más lejos al equiparar el acto de aparecer en público sin ‘hiyab’, ya sea en persona o en las redes sociales, con daño a la sociedad, considerándolo equivalente a la “desnudez”. La propuesta legislativa introduce castigos adicionales como multas, restricciones al acceso a cuentas bancarias, confiscación de vehículos personales, limitaciones de viaje, prohibiciones de actividad en línea y encarcelamiento.
El abogado iraní de derechos humanos Saeid Dehghan cuestionó la legalidad del proyecto de ley, citando una violación del artículo 9 de la Constitución. Este artículo establece explícitamente que “ninguna autoridad tiene derecho a abrogar las libertades legítimas, ni siquiera mediante la promulgación de leyes y reglamentos con ese fin, con el pretexto de preservar la independencia y la integridad territorial del país”.
Apartheid de género
Expertos en derechos humanos de la ONU han denunciado enérgicamente la práctica de la República Islámica de “criminalizar el acto de negarse a usar un ‘hiyab”. Afirman que constituye una clara violación de la libertad de expresión de las mujeres y las niñas, que puede dar lugar a posibles vulneraciones de otros derechos fundamentales, que abarcan ámbitos políticos, civiles, culturales y económicos.
Activistas por los derechos de las mujeres lanzaron una campaña en marzo para lograr el reconocimiento formal del apartheid de género como crimen de derecho internacional
Al mismo tiempo, activistas por los derechos de las mujeres lanzaron una campaña el pasado marzo, destinada a lograr el reconocimiento formal del apartheid de género como crimen de derecho internacional. El objetivo final es desmantelar las estructuras que perpetúan la discriminación y la desigualdad de género en la República Islámica del Irán y bajo el régimen talibán en el Afganistán.
A pesar de enfrentarse a una inmensa adversidad, las mujeres iraníes continúan desafiando pacíficamente la ley del ‘hiyab’, incluso dentro de los confines de la prisión.
Carta de Narges Mohammadi desde prisión
La premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, desde la prisión iraní de Evin, publicó recientemente una carta en el New York Times. Escribió:
“El régimen parece estar propagando deliberadamente una cultura de violencia contra las mujeres. Nos impulsa la voluntad de sobrevivir, ya sea que estemos dentro o fuera de la prisión. La represión violenta y brutal del gobierno a veces puede alejar a la gente de las calles, pero nuestra lucha continuará hasta el día en que la luz se apodere de la oscuridad y el sol de la libertad abrace al pueblo iraní”.
La CHRI insta a la comunidad internacional a pedir urgentemente la derogación de la ley estatal sobre el uso obligatorio del ‘hiyab’ y a exigir y poner fin a la represión sistémica y la discriminación de género contra las mujeres en Irán que representa. “El hiyab debe ser una opción, no una herramienta de represión estatal. La valiente postura de las mujeres iraníes contra este gobierno de ancianos merece apoyo internacional”, ha manifestó Ramsey.
