La nueva ley vasca de Igualdad, aprobada el pasado 3 de marzo y que reforma la vigente desde 2005, refuerza el vínculo entre la violencia machista y la desigualdad, y lo hace desde su propia denominación, ya que en su nueva formulación se conocerá como Ley para la igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres.
Este último es precisamente uno de los aspectos en que las personas que han impulsado la nueva ley creen que se ha avanzado menos y que requiere más esfuerzo. Claro que, como insistieron, ambos factores están relacionados y, para reducir la violencia machista, es preciso impulsar el avance de las mujeres en todos los niveles y estructuras de la sociedad, además de implicar a los hombres en ese empeño.
Ayer se inició la presentación de la ley a la sociedad, que incluye varias sesiones esta semana, y comparecieron en Gasteiz sus máximas responsables políticas, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal; y la directora de Emakunde, Izaskun Landaida. Les acompañó el técnico de Igualdad Ander Bergara.
Las primeras se refirieron a los logros de la ley vigente y agradecieron su contribución a todas las entidades que han participado en la elaboración del texto actual. Artolazabal consideró que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es una de las “grandes aportaciones” hechas a esta ley.
Landaida indicó que los principales retos han sido adaptar la norma al Convenio de Estambul, la Agenda 2030 de la ONU, el Pacto de Estado contra la Violencia y la nueva legislación del Estado sobre el estatuto de las víctimas en la ley de Menores. También se han tenido en cuenta las evaluaciones de la ley de 2005, los procesos de trabajo en la ONU y las reivindicaciones del movimiento feminista.
La directora de Emakunde sintetizó los principales aspectos de la ley:
- La extensión del principio de igualdad a todo el sector público.
- La exigencia del cumplimiento de los mandatos de igualdad a las empresas privadas que aspiren a ser contratadas por las administraciones.
- La reducción de las desigualdades en sectores clave, como la educación, la sanidad, la economía, etc.
- Poner los cuidados en el centro, con una provisión universal de los cuidados, estructuras de empleo y la corresponsabilidad de los hombres.
- Respuesta a todas las formas de violencia, reparación y formación obligatoria.
Consciente de que las leyes no son suficientes para terminar con las desigualdades y la violencia, Landaida pidió el compromiso de la sociedad y señaló que, junto con la elaboración de la ley, Emakunde está trabajando por “un gran pacto de país por la igualdad y contra la violencia”.
Bergara entró al detalle y explicó las principales novedades por apartados.
Las administraciones públicas a destinar un 1% de su presupuesto a promover la igualdad
Financiación y personal
Una de las novedades más importantes es, en el apartado de la financiación, que la ley obliga a las administraciones públicas a destinar un 1% de su presupuesto a promover la igualdad, porcentaje que se elevará a 1,5% para 2030.
Otra es que todos los empleados y empleadas públicas deberá contar con formación obligatoria en igualdad para que puedan integrar la perspectiva de género en su quehacer. Además deberán realizar evaluaciones de impacto de género en propuestas de naturaleza jurídica que sean disposiciones de carácter general.
También es novedad que en los procesos selectivos de valoración de la experiencia profesional se tendrá en cuenta el tiempo de excedencia por cuidados o por razón de violencia de género. Además, en caso de embarazo, parto o lactancia se tendrá derecho a modificar el tiempo y el lugar de las pruebas selectivas.
Educación
La introducción de la perspectiva de género en el sistema educativo también tiene especial importancia en la nueva ley. Los centros no universitarios deberán contar con responsables de coeducación que se encargarán de redactar planes de coeducación.
Las universidades, por su parte, deberán incorporar la perspectiva de género en todas sus disciplinas y ofrecer contenidos específicos de coeducación a estudiantes de profesorado de educación no universitaria, y de igualdad y violencia en todas las carreras relacionadas con atención a las víctimas, así como a profesionales de medios de comunicación.
Empleo
En el apartado del empleo, se prevén acciones positivas para orientar a las mujeres a los ámbitos en los que están infrarrepresentadas, en particular a sectores estratégicos para la economía.
Las subvenciones que se concedan a las empresas variarán de acuerdo con la aplicación del principio de transparencia y de igualdad retributiva. Estos factores se tendrán en cuenta en las cláusulas de contratación.
Trabajo doméstico y cuidados
La ley considera el valor del cuidado y del trabajo doméstico e insta a tenerlo en cuenta en la elaboración de presupuestos y de políticas económicas y sociales, a fin de transformar el modelo económico y social actual para poner en el centro el cuidado y la sostenibilidad de la vida.
La nueva norma quiere garantizar el derecho al descanso de las cuidadoras no profesionales y fomentar la corresponsabilidad social en tres líneas de trabajo:
- Adecuar las estructuras del empleo a las necesidades del cuidado estableciendo en las empresas una cultura y una práctica empresarial de conciliación corresponsable.
- Una provisión universal y pública de cuidados con servicios accesibles, flexibles y de calidad.
- Fomentar la ética y la práctica del cuidado entre los hombres para impulsar su corresponsabilidad.
El empleo de hogar queda fuera de las competencias de la comunidad autónoma. Aun así, las administraciones vascas fomentarán la mejora de las condiciones de trabajo, de acuerdo a las indicaciones de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.
Además, les ofrecerá asesoramiento jurídico gratuito y fomentará la intermediación laboral pública para evitar situaciones de precariedad y la vulneración de sus derechos.
Otros colectivos vulnerables serán también objeto de medidas de inclusión social y se abrirán cauces de comunicación y participación con las asociaciones que las representan.
La violencia antes centrada en el maltrato y la violencia sexual se amplía ahora a cualquier víctima
Violencia machista
Un sector muy vulnerable, el compuesto por las víctimas de violencia machista, ha sido contemplado aparte. De hecho, según Bergara, el capítulo dedicado a este tipo de violencia ha sido modificado “totalmente” para establecer ese vínculo entre desigualdad y violencia.
La ley, explicó, plantea la necesidad de contar con mayor número de recursos, económicos, humanos y técnicos para hacer frente a la violencia machista y establece que el liderazgo de las políticas contra la violencia deben ejercerlo los servicios de Igualdad.
La violencia, antes centrada en el maltrato y la violencia sexual, se amplía ahora a cualquier víctima y manifestación de violencia machista, de tal modo que protege a la infancia y a la adolescencia con recursos específicos para este sector de la población como una ayuda específica de orfandad. Considera también víctimas a todo el entorno de la mujer si esas personas sufren el acoso del agresor.
La ley insta a desterrar el Síndrome de Alienación Parental (SAP) y considera víctimas a las personas del entorno de la víctima
La ley insta a desterrar teorías sin aval científico, con referencia específica al falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), y supera la centralidad de la denuncia, hasta ahora necesaria para establecer medidas de protección y otros recursos, de modo que éstos se activarán también sin denuncia, ya que se considera que lo más importante son “los derechos de las víctimas y su empoderamiento”.
Un aspecto importantísimo y novedoso es el deber de reparación de las víctimas, que tendrán derecho a recibir una indemnización por los daños sufridos, al reconocimiento de la verdad y a la no repetición de los hechos violentos. Deberá, además, garantizárseles el derecho a su completa recuperación mediante distintos servicios.
La aplicación interseccional de estas disposiciones garantiza que todas las víctimas reciban “atención integral, gratuita y de calidad, especialmente las mujeres en situación de vulnerabilidad”.
Las personas que trabajen en este ámbito tendrán obligación de recibir formación y se tenderá a compartir información entre profesionales y a unificar criterios para desarrollar y actualizar los protocolos de detección.
Las campañas y programas institucionales contra la violencia se dirigirán sobre todo a hombres y niños y al empoderamiento de las mujeres.
Organización institucional
Dentro de la organización institucional, los órganos o unidades de Igualdad obligatorios en todas las instituciones se extenderán ahora a organismos autónomos, entes públicos de derecho privado consorcios, fundaciones y empresas de mayoría de capital público de más de 50 personas en plantilla.
Los planes de igualdad, que en el caso del Gobierno vasco se impulsa uno por cada legislatura, pasarán a tener duración variable. “Muchas veces, las planificaciones se hacían sobre la base de directrices muy generales y se entendía que quizás tenían que tener una duración más amplia con estrategias a más largo plazo”, explicó Bergara.
Además, estos planes, sus objetivos, acciones e indicadores principales deberán estar en sintonía con los planes estratégicos de las instituciones para que la igualdad “sea tenida en cuenta” en los procesos de planificación.
Esto que ya era obligatorio para Gobierno vasco, Diputaciones y Ayuntamientos se exigirá también a las Juntas Generales, el Tribunal de Cuentas, la Universidad Pública Vasca, y otras organizaciones. Por tanto, deberán incorporar la perspectiva de género a todos sus planes estratégicos y sectoriales.
Para actualizar y centralizar datos se creará el Observatorio Vasco de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que velará por la evolución y la incidencia del principio de igualdad.
