El mural que recuerda a las mujeres supervivientes de la violencia machista, obra de Ruth Juan, en el muelle de La Merced en Bilbao.
La Red de Euskadi de Supervivientes de Violencia Machista ha denunciado la decisión de la Diputación Foral de Bizkaia, adoptada el pasado mes de enero, de desmantelar el Servicio de atención psicológica a mujeres víctimas.
A través de un comunicado, las asociaciones Bizitu Elkartea y Guerreras del Alto Deba, integrantes de la red, explican que cuentan “con años de experiencia en el acompañamiento a mujeres víctimas de violencia machista y a sus criaturas, lo que nos ha permitido conocer de primera mano la importancia del apoyo social e institucional para superar estas situaciones”.
En su análisis de la evolución de los recursos institucionales dedicados a las víctimas, consideran que el desmantelamiento del servicio es “un paso atrás”. “La atención psicológica especializada en violencia machista es imprescindible para una total recuperación. Y esta atención, para ser universal y de calidad, debe ser pública”.
Bizitu Elkartea y Guerreras del Alto Deba aclaran, además, que pese a tener “interlocución directa y habitual” con Emakunde, Gobierno Vasco y Diputación Foral de Bizkaia, “en ningún caso se nos ha consultado ni tan
siquiera informado sobre esta modificación”.
Al hilo de su denuncia recuerdan que la ley Ley 1/2022, de 3 de marzo, de segunda modificación de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres, obliga a las instituciones públicas a ofrecer una atención integral. Su
artículo 54 señala, en concreto, que “las administraciones públicas vascas, en el marco de sus competencias, deben asegurar el derecho que toda víctima de violencia machista contra las mujeres tiene a una atención prioritaria, integral, gratuita, accesible y de calidad, prestada por profesionales con capacitación específica y adaptada a sus necesidades derivadas de o relacionadas con la situación de violencia, sin discriminación alguna, con independencia de su situación personal, social o administrativa y de su grado de implicación o
colaboración con el procedimiento judicial”.
A tal fin, continúa el articulo, “se velará por una gestión integrada y coordinada de los correspondientes expedientes en los términos que se determine reglamentariamente, garantizando el consentimiento informado activo de las víctimas y, al mismo tiempo, la agilidad procedimental necesaria en el tratamiento de los datos personales”.
Más profesionales para el servicio
Las asociaciones apuntan también que la legislación internacional insta a que la reparación psicológica en recursos especializados sea una obligación para las instituciones públicas.
Por todo ello, exigen que que se cumplan las obligaciones “que tienen las instituciones según las leyes en vigor, tanto autonómicas, como nacionales e internacionales”, y hacen hincapié en que la violencia machista es un grave problema social. “Una mujer víctima y sus criaturas no pueden recuperarse totalmente si no son atendidas por profesionales debidamente formadas para saber identificar las diferentes violencias”.
En este sentido, no sólo reclaman que el Servicio “se mantenga tal y como está, sino que consideramos imprescindible reforzarlo con más profesionales tanto de la Psicología como de otras disciplinas vinculadas a las Ciencias Sociales, ya que es cada vez más alarmante la ceguera institucional ante las características estructurales de la violencia machista a la hora de crear e implantar recursos”.
