Especialistas del Derecho que participaron el curso Justicia en Clave Feminista impartido hace unos días en Bilbao dentro de los cursos de verano de la UPV se oponen a la generalización de la custodia compartida, ya que consideran, por una parte, que puede ser un obstáculo hacia las mujeres a la hora de denunciar maltrato y, por otra, que las aboca a la precariedad, ya que muchas aceptan “cualquier condición” con tal de no perder la custodia monoparental.
Esas consideraciones se realizaron en el acto de cierre del curso, una mesa redonda en la que participaron, entre otras personas expertas, la magistrada del juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Bilbao Tania Chico y el abogado y Director del Módulo de Atención Psicosocial de Deusto-San Ignacio, Rafael Pérez, que fueron quienes se refirieron a esta cuestión.
Chico mencionó el asunto como parte de las dificultades que la justicia civil enfrenta en el tratamiento de la violencia machista y lo abordó con mucha cautela. Al igual que lo haría posteriormente Rafael Pérez aclaró que no está en contra de la custodia compartida pero puso en duda la necesidad de aplicarla de forma generalizada. “Deberíamos preguntarnos si en la sociedad hay suficiente igualdad material para que se haya establecido como criterio general la custodia compartida”, reflexionó.
A su juicio, los hombres ha pasado de centrarse en lo material, tal y como lo establecía el “mundo de la gomina” de los años ochenta a poner la vista en el mundo de los afectos. Sin embargo, duda de la necesidad de “poner por ley” la custodia compartida cuando “hay todavía una desigualdad material en lo económico y también en la gestión de los cuidados y los afectos”, y porque cree que puede ser un obstáculo a la hora de denunciar la violencia machista.
“Nos encontramos con que el padre o exige condiciones económicas de uso de vivienda y demás, o ejerce la custodia compartida”
Una “patada a las mujeres”
Pérez, quien dijo hablar como abogado en ejercicio, fue mucho más contundente y subrayó que la custodia compartida es una “patada a las mujeres”. Aseguró que estaba en contra de su aplicación generalizada “dando por sentado que todos los padres ejercen la coparentalidad, máxime, como ocurre con la ley del País Vasco, cuando se traslada a la mujer la carga de la prueba para acreditar que no es así”.
Aunque es cierto que cada vez más hombres se están implicando en los cuidados, “no se puede dar como algo generalizado, ya que son las mujeres quienes ejercen en la práctica la labor de cuidados y la de crianza en mucho mayor grado”, puntualizó. Además, afirmó que la concesión automática de la custodia compartida está arrojando a las mujeres a la precariedad.
“Me encuentro con parejas que vienen a separarse y, desde que entró en vigor esta ley, el padre o exige condiciones económicas de uso de vivienda y demás, o ejerce la custodia compartida. La mayoría de las madres, sobre todo si hablamos de bebés, no están por perder la custodia monoparental y terminan por aceptar cualquier condición que se les ponga”, refirió.
Así, señaló que se ha pasado de pensiones alimenticias de 600-800 euros hace una década a convenios de 200-400 euros como mucho, “y esto tiene mucho que ver con las condiciones que aceptan las mujeres con tal de no perder la custodia”, aseveró.
