La gestación por sustitución o ‘subrogada’, los vientres de alquiler están prohibidos por la legislación española. La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo define esta práctica como “una vulneración grave de los derechos reproductivos y una manifestación de violencia contra las mujeres”.
Sin embargo, ningún partido político, ningún Gobierno hace nada por impedir dos congresos que publicitarán estas prácticas, el primero de ellos ya celebrado este pasado fin de semana en Bilbao entre protestas feministas, y el segundo previsto para mediados de julio también en la capital vizcaína. Incluso algunas formaciones preparan el terreno para legalizar los vientres de alquiler en algunos supuestos.
La agrupación feminista conocida como ‘Las criadas’ por disfrazarse como las protagonistas de la serie ‘El cuento de la criada’ lidera las protestas en la capital vizcaína. Sus activistas volvieron a concentrarse dos veces este pasado fin de semana con motivo del primer congreso. Otras cuatro asociaciones se han unido a ellas para tratar de impedir la conferencia prevista para el próximo mes.
Se trata de la Plataforma Stop Vientres de Alquiler, la Coalición Internacional para la Abolición de la Maternidad por Sustitución (CIAMS), la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres (RECAV) y No Somos Vasijas. Han elaborado un manifiesto que puedes firmar aquí.
La ley de Salud Sexual y Reproductiva prohíbe la publicidad de estas prácticas y prevé campañas de información sobre su ilegalidad
En el escrito, recuerdan que la ley de Salud Sexual y Reproductiva refuerza la nulidad de pleno derecho de los contratos de subrogación, prohíbe la publicidad de las agencias de intermediación, y prevé campañas institucionales de promoción e información sobre la ilegalidad de esta práctica.
Legalización ‘de facto’
Dado que esos mandatos no se cumplen, ya que los congresos tienen una finalidad comercial, denuncian la “inacción de las administraciones públicas, Gobierno estatal y autonómico del País Vasco, poder judicial y partidos políticos estatales y autonómicos”.
Reclaman, una vez más, anular la instrucción 2010 de la Dirección General de Registros y Notariado, que permite inscribir a las criaturas nacidas en otros países mediante vientres de alquiler, lo que, afirman las citadas organizaciones, “supone un fraude de ley y la legalización de facto de la explotación reproductiva”.
Finalmente, proponen impulsar una Convención Internacional contra la Gestación Subrogada, “como instrumento jurídico superior capaz de proteger a las mujeres y a sus hijas e hijos de las fuerzas del mercado y la industria de la reproducción asistida”.
