La mayoría de agresiones sexuales a niños y niñas son perpetradas por familiares y personas cercanas que abusan de su poder, lo que favorece la impunidad. Este dato, ya conocido, ha sido avalado por un estudio de la asociación de mujeres juristas Themis, que certifica que familiares y conocidos son los agresores en el 74% de los casos.
Esa circunstancia provoca también que las víctimas lo sean de forma reiterada en un 64% de los casos, lo que se eleva al 70 % cuando la violencia sexual se produce dentro de la familia. La violencia es ejercida por hombres en un 98 % de las ocasiones, y las víctimas son mayoritariamente niñas en un 72 %.
El estudio, titulado ‘La respuesta judicial a la violencia sexual que sufren los niños y las niñas’, advierte sobre las deficiencias en la prevención y en la respuesta jurisdiccional a estos delitos. Insuficiencias escandalosas como que “la inhabilitación profesional para ejercer profesiones que conlleven el contacto con menores, obligatoria desde la reforma penal del 2015, no se aplica en el 74% de las sentencias condenatorias en las que se debería aplicar” o que “la privación de patria potestad no se acuerda en un 33% de las sentencias en que el condenado tiene una relación paternofilial con la víctima”.
Themis ha analizado 400 sentencias dictadas en primera instancia por las audiencias provinciales entre 2010 y 2019, período en el que han tenido lugar diferentes reformas legislativas que, entre otros objetivos, persiguen proteger a la infancia de este tipo de violencia.
Extrañeza y negación
No obstante, según analiza en la presentación la presidenta de Themis, María Angeles Jaime de Pablo, costumbres y creencias arraigadas pueden todavía más que las leyes. La prueba es que “las primeras revelaciones de un atentado a la libertad sexual o manifestaciones de sintomatología sean recibidas generalmente con extrañeza cuando no negación de su existencia por quienes tienen que dar la primera respuesta y proteger a las víctimas directas o potenciales, investigando o denunciando los hechos”.
Es más, “a medida que las víctimas se acercan o se encuentran en edad púber, no es raro encontrar, voces que disculpan o justifican estas conductas, minimizando o ignorando los daños que provocan”. Esa actitud es más frecuente cuando la relación con el agresor viene marcada por la “asimetría en la relación de poder: familiar, escolar, eclesial o deportivo”.
Dos de cada tres casos no llegan a juicio por insuficiencia de pruebas y por “la ausencia de informes periciales que corroboren y suplan las deficiencias de los relatos de las víctimas”
Según Jaime de Pablo, el “rechazo a reconocer una terrible realidad y actuar en consecuencia deja a las víctimas en el más absoluto de los desamparos y les genera una enorme desconfianza hacia su entorno y las instituciones, mientras que el agresor continúa disfrutando de su impunidad incluso a lo largo de décadas, dejando un reguero de víctimas”.
Las autoras del estudio creen que “la falta de educación afectivo sexual y de formación de profesionales de la educación y sanidad, impiden la detección y denuncia tempranas”.
Prueba de ello es que “dos de cada tres casos no llegan a juicio por insuficiencia de prueba acreditativa de una actividad delictiva que no tiene más testigos presenciales que el agresor y la víctima”. A ello se añade “la imposibilidad de los y las menores de concretar un relato fáctico pormenorizado cuando las víctimas son de edades más tempranas, y la ausencia de informes periciales que corroboren y suplan las deficiencias de los relatos de las víctimas”. Todo ello garantiza la impunidad.
“El SAP opera en sede judicial”
Asimismo, denuncian que el Síndrome de Alienación Parental (SAP) que, “aun ocultando su nombre, opera en sede judicial, se utiliza, tanto en informes periciales, como en resoluciones para negar la realidad de los ataques a la indemnidad sexual de niños y niñas cuando se indica que el atacante es el padre, aunque esté corroborada por el relato de la víctima, atribuyéndolo sin menor prueba a la inducción materna”.
Los medios de comunicación refuerzan esa idea cuando, “en impresionantes campañas mediáticas, niegan a estas madres su derecho a la presunción de inocencia, las consideran culpables de delitos como la denuncia falsa, de los que ni siquiera son acusadas, y desconocen la realidad de las dificultades de detección y aportación de prueba de cargo en la violencia sexual infantil. Paradójicamente estas campañas gozan de mayor difusión que las denuncias de los delitos sexuales”, inciden.
Centros de emergencia y servicios especializados
Entre sus numerosas recomendaciones, Themis reclama programas de educación afectivo sexual y protocolos de detección precoz en la escuelas, coordinación con autoridades policiales y judiciales, y atención a violencias sexuales en ese ámbito.
Además, señala la necesidad de centros de emergencia y servicios especializados para asegurar la asistencia adecuada y la recuperación de las víctimas. También pide sancionar disciplinariamente la utilización del Síndrome de Alienación Parental.
Ve igualmente imprescindible “asegurar la protección de los y las menores cuando, pese al archivo o absolución, no pueda descartarse la comisión del atentado a la indemnidad sexual en el ámbito familiar”. Para ello, opina que “los informes forenses han de abordar más la existencia de sintomatología indicativa y evaluación de los daños físicos, psíquicos y secuelas que determinar la credibilidad de las víctimas”.
