La Asociación de Mujeres Juristas Themis lamenta comunicar que, por primera vez en años, nuestros programas de protección y garantía jurídica gratuita para víctimas de violencia de género, violencias sexuales y violencia económica no han recibido financiación en la última convocatoria de subvenciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Desde 1996, estos programas han sido sostenidos históricamente a través de la subvención del 0,7 % del IRPF estatal, actualmente denominada subvenciones para la realización de actividades de interés general consideradas de interés social. Sin embargo, en los últimos años, los fondos concedidos a la Asociación de Mujeres Juristas Themis se han ido reduciendo progresivamente hasta llegar a la actual total ausencia de financiación pública. La función esencial de estos programas ha sido garantizar a mujeres, niñas y niños la protección de sus derechos, asegurando su seguridad, integridad y el acceso a una reparación justa por la violación de sus derechos. Todo ello dentro de una protección jurídica especializada y con perspectiva de género.
Esta falta de financiación pública tiene consecuencias directas y devastadoras para las víctimas. La ausencia de recursos impide que muchas mujeres y menores accedan a protección jurídica especializada y con perspectiva de género, en un contexto en el que el acceso a la justicia sigue siendo un reto. Durante años, la Asociación de Mujeres Juristas Themis no solo ha prestado atención jurídica directa, sino que también ha trabajado en la mejora del sistema de protección, identificando carencias y trasladándolas a operadores jurídicos y al legislador. La desaparición de estos programas supone un grave retroceso en la lucha contra las distintas formas de violencia contra la mujer.
Sin recursos especializados, muchas víctimas se enfrentan a procesos judiciales complejos y revictimizantes sin el acompañamiento adecuado y sin la protección jurídica especializada y con perspectiva de género, lo que puede comprometer su seguridad y sus derechos. Dejar a mujeres y menores sin estos programas los expone a una mayor vulnerabilidad e indefensión.
El Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (GREVIO), en su Primer Informe de Evaluación sobre España, ya alertó sobre las extremas dificultades que enfrentan las organizaciones no gubernamentales para mantener programas de asistencia reconocidos y demandados, como los desarrollados por nuestra Asociación. Si bien GREVIO reconoce la discrecionalidad de los Estados parte del Convenio de Estambul para organizar los servicios de apoyo a las víctimas, recuerda que el artículo 9 del Convenio exige el reconocimiento, estímulo y apoyo al trabajo de las organizaciones no gubernamentales especializadas en la lucha contra la violencia de género. Además, el artículo 55.2 establece que los Estados deben garantizar que las organizaciones no gubernamentales y profesionales especializados en violencia puedan asistir y apoyar a las víctimas durante los procesos judiciales.
También, la Recomendación n.º 33 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) subraya la importancia de la colaboración con la sociedad civil para garantizar el acceso de las mujeres a la justicia. En particular:
- Epígrafe 15 (apartado h): insta a los Estados a desarrollar mecanismos sostenibles en cooperación con las ONG para facilitar el acceso de las mujeres a la justicia y alentar la participación de estas organizaciones en litigios sobre derechos de las mujeres.
- Epígrafe 37 (apartado d): recomienda establecer alianzas con entidades no gubernamentales para proporcionar información y asistencia a las mujeres en procedimientos judiciales y sistemas alternativos de justicia.
GREVIO subraya, además, que la subcontratación de la prestación de servicios debe garantizar un papel independiente para las ONG de mujeres, asegurando que su trabajo en asesoramiento, refugios y abogacía contribuye a un entorno de empoderamiento para las víctimas.
Desde la Asociación de Mujeres Juristas Themis reivindicamos la necesidad de un compromiso firme de continuidad y dotación presupuestaria suficiente para los programas estatales que garantizan la tutela judicial de los derechos vulnerados por la violencia contra las mujeres. La voluntad política de avanzar en la erradicación de la violencia de género no puede quedarse en declaraciones de intenciones. Sin recursos económicos, la protección y seguridad a las víctimas se ve seriamente comprometida. Instamos a las administraciones públicas a reconsiderar esta situación y a reforzar su compromiso con la protección de las víctimas y el acceso a la justicia. La lucha contra la violencia de género no puede permitirse pasos atrás.
