La retirada de la custodia a las mujeres indígenas de Australia y Canadá es una práctica “sistemática” y “un modo de violencia tremendamente sutil, pero cruelmente efectivo”, según la relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer. Sus informes han sido recogidos por la Catedrática Derecho internacional de CEU UCH y juez ‘ad hoc’ Tribunal Europeo de Derechos Humanos Susana Sanz Caballero en el último número de ‘FEMERIS: Revista Multidisciplinar de Estudios de Género‘, de la Universidad Carlos III de Madrid’, publicado el pasado 3 de febrero.
En su artículo ‘La violencia contra la mujer como lacra global: Estudio de los países visitados entre 2015 y 2020 por la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer’, Sanz Caballero ofrece una panorámica de la violencia contra las mujeres en distintos países de los cinco continentes, visitados por la alta funcionaria de la ONU en los últimos cinco años, hasta el inicio de la pandemia.
La relatora constanta que “la lacra de la violencia contra la mujer es universal” y, según Sanz Caballero, “no hay prácticamente un lugar en el que el modelo social desigual y jerárquico no subordine a la mujer y tienda a relegarla al ámbito de las relaciones privadas y familiares”. En este sistema desigual, la violencia se utiliza “como herramienta para conseguir el dominio, la obediencia” y el mantenimiento del orden social.
“Paradójicamente esta práctica forma parte del Estado de bienestar”
En su repaso a los distintos países, llama la atención la violencia ejercida contra las indígenas en Canadá y Australia por medio de la retirada de la custodia infantil, precisamente porque, como insiste la relatora esta práctica, “paradójicamente, forma parte del sistema del Estado de bienestar”.
Sin embargo, la alta funcionaria observa que es una forma de violencia “encubierta” que se lleva a cabo de forma “sistemática”, alegando “incapacidad, alcoholismo, violencia intrafamiliar, retardo mental o simplemente so pretexto de que los niños accederían a una mejor educación y a un entorno psicosocial más saludable estando lejos de sus familias”, refiere.
Para la relatora, arrebatar la custodia es violencia contra la infancia, las mujeres y las familias porque los niños y niñas “crecen en orfanatos e internados sin contacto con sus progenitores en aras de un mal entendido interés superior del menor”. Además, muchas mujeres víctimas de violencia doméstica se resisten a denunciar a su compañero abusador por temor a esta consecuencia.
“Generaciones robadas”
Recientemente fue un escándalo el descubrimiento de cadáveres de menores indígenas enterrados bajo antiguos internados católicos de Canadá y es que, según la relatora, “durante siglos, los niños indígenas perdieron sus lazos con la cultura tradicional, su lengua, sus relaciones sociales y sus redes de apoyo”.
Lejos de haberse extinguido, esta violación de los derechos humanos sigue presente en el sistema social canadiense. Un dato que lo pone de relieve es que, “pese a que solo un 7,7% de los niños canadienses son indígenas, estos representan el 52% del total de niños en acogida”.
Una situación parecida vive la población aborigen australiana. También allí “se habla de generaciones robadas de niños”.
En este país, “la práctica ha sido fomentada por el Estado sobre todo en ambientes deprimidos y, a resultas de políticas racistas y discriminatorias”. Aún hoy día “los niños aborígenes tienen 7 veces más posibilidades de acabar en acogida que los no aborígenes y 10 veces más posibilidades de acabar bajo tutela de la administración”.
Sanz Caballero destaca que hay multitud de factores socio-jurídicos que aumentan la vulnerabilidad de las mujeres aborígenes. “Muchas de ellas acaban sin hogar, en la pobreza, encarceladas, criminalizadas, abusan de las drogas y el alcohol o con enfermedades físicas y mentales, todo lo cual facilita que pierdan la custodia de sus hijos e hijas”.
Trauma intergeneracional
Estas mujeres, prosigue el artículo, viven con el trauma de la ausencia de sus criaturas y, en la mayoría de las ocasiones, sin posibilidad de recuperarlos. A esto se le denomina ‘trauma intergeneracional’
Al mismo tiempo, estas madres aborígenes carecen de apoyo para poder apartarse del ambiente violento o inestable.
De los informes de la relatora de Naciones Unidas se desprende, resume Sanz Caballero, que “los feminicidios, la violencia sexual, la violencia intrafamiliar y la trata de mujeres y niñas no conocen fronteras. Ocurren en todos los países y ninguno ha conseguido erradicarlos”.
Sin embargo, destaca, “la incidencia y prevalencia de estas formas de violencia es todavía mayor entre mujeres pertenecientes a grupos vulnerables como las que tienen discapacidad, las ancianas y niñas, las que pertenecen a minorías nacionales, raciales, sexuales o religiosas, las detenidas y las presas”.
“Los modos de someter a la mujer se adaptan a la cosmovisión de cada zona y a su singular sistema social”
Formas particulares de violencia
La violencia también adopta formas particulares que responden a “valores” religiosos y culturales peculiares de cada región, que conviven con las formas universales. Ejemplo de ello son la mutilación genital en Sudán, la violencia en los procesos de divorcio en Israel, la brujería y el rechazo de las mujeres menstruantes en Nepal, la violencia en el seno de bandas en Honduras, el rapto de novias en Sudáfrica, los asesinatos de honor en Afganistán, la poligamia en Palestina, el acoso online en Reino Unido y los tests de virginidad en Georgia.
“Muchos de estos delitos responden a patrones culturales concretos y muestran cómo los modos de someter a la mujer se adaptan a la cosmovisión de cada zona y a su singular sistema social. Así, una sociedad posiblemente aborrecerá un modo de violencia que sea ajeno a su área geográfica y resulte extraño para su patrón cultural y, sin embargo, tendrá problemas para identificar y, por tanto, para rechazar un modo de violencia que esté normalizado en ese país e impregne su modo de funcionar”, señala el artículo de Sanz Gallardo.
La autora subraya que la erradicación de la violencia contra la mujer “exige un compromiso colectivo, una toma de conciencia, una labor de educación y formación, un cambio social, político y económico, así como la colaboración de todos los actores involucrados, empezando por las autoridades públicas pero siguiendo con la sociedad civil, las empresas, los centros educativos y sanitarios y las familias”.
“No desagregar los datos por sexo, banalizar su incidencia contribuye a que la violencia se enquiste”
Las medidas deben ser de carácter legislativo, administrativo, social, educativo, económico y político. “Entre ellas –continúa el artículo-, se hace necesario que los Estados más renuentes aprueben leyes contra la violencia doméstica, que tipifiquen la violación conyugal, que destierren la creencia de que la violencia contra la mujer es un asunto privado, que condenen como crimen agravado el feminicidio, que establezcan unidades policiales y judiciales especializadas, que formen al personal sanitario y a sus servicios sociales en detección de casos, que desplieguen medidas preventivas adecuadas, que ofrezcan a las mujeres apoyo y que eduquen en valores contra esta lacra social”.
No desagregar los datos por sexo, banalizar su incidencia y no tipificar esos crímenes como atentados contra la mujer “contribuye a que la violencia se enquiste”, sentencia.
Los países visitados por la relatora y los correspondientes informes que han servido de base para este artículo fueron Israel (2020), Palestina y territorios ocupados, Canadá y Nepal (2019), Bahamas y Australia (2018), Argentina y Sudáfrica (2017), Georgia y Sudán (2016) y Reino Unido, Afganistán y Honduras (2015)
