La activista feminista doctora en Antropología Social e investigadora de la Universidad de Barcelona Nuria Alabao cree que la restricción de movimientos a la población como forma de frenar la expansión del COVID-19, aunque necesaria, “constituye un experimento masivo de control social”.
En una entrevista en ‘La Vanguardia’, advierte de que “el lenguaje bélico que se está utilizando estos días —‘es una guerra’, ‘todos somos soldados’— debería ponernos en alerta porque invoca disciplina social y cero críticas a la cadena de mando” y, cuando se apela a la unidad de la sociedad frente a un ‘enemigo común’, el resultado suelen ser “una restricción de derechos y legislación de excepción que todavía permanece vigente y a la que ya nos hemos acostumbrado”.
Junto a una limitación de las libertades, avisa, emerge “una nueva legitimidad para la implementación y puesta a prueba en muchos países de tecnologías de control —que aquí no son tan brutales como las apps que en Corea del Sur avisan a tus vecinos de si estás contagiado— pero que con la excusa de la crisis se están normalizando”.
En su opinión, se trata de una tendencia de Estado “a avanzar en el control de la vida y una crisis de salud tan grave como esta ofrece una oportunidad más”, por lo que “habrá que estar alerta” y cuando esta situación excepcional se revierta “será hora de recuperar derechos”.
Lectura feminista y de clase
Alabao hace una lectura feminista y de clase de las consecuencias del confinamiento. Respecto a la primera cuestión, destaca que la crisis sanitaria “está siendo salvada por las personas que están cuidando en los hogares”, tareas que “cotidianamente hacen las mujeres de forma invisible —y las trabajadoras domésticas de forma remunerada—“.
Denomina a esta dinámica “nuestro comunismo de la vida”, que “sigue haciendo funcionar el mundo”. Asegura que le gustaría decir que esta crisis va a ser una oportunidad para replantear el reparto de los cuidados “de una manera más social —con más guarderías, más estado del bienestar, mejores condiciones para las trabajadoras del sector, mejor reparto entre géneros”, pero reconoce que va a ser difícil, porque “si la crisis vírica se convierte en crisis económica perdurable y el aumento del gasto acaba engrosando la deuda, sin una respuesta europea conjunta, podemos entrar en una espiral como la del 2008 que acabe en más recortes y planes de ajuste”.
Para las personas sin papeles, «sólo bajar a la calle a comprar supone exponerse mucho más que de habitual»
En cuanto a la lectura de clase y de raza, cree que la cesión de las libertades en pos de la salud “tiene consecuencias diferentes para las personas dependiendo de su posición social —de si pueden o no teletrabajar, de qué implica para ellos perder ingresos o ser despedidos, o dejar de pagar el alquiler, de si pueden quedarse o no a cuidar a los suyos”.
Teniendo en cuenta que las medidas y las ayudas de los gobiernos en esta crisis “están pensadas sobre todo para un mundo que va desapareciendo: los que tienen trabajo más o menos estable e hipotecas”, mucha gente quedará fuera. Por ejemplo, las personas sin papeles, para las que “sólo bajar a la calle a comprar supone exponerse mucho más que de habitual”.
Renta básica
Por eso piensa que “esta realidad de encierro, que a día de hoy parece inevitable”, debería acompañarse de “medidas concretas para paliar el sufrimiento social que va a provocar: desde suspender el control de inmigrantes hasta medidas sociales de amplio alcance que proporcionen un colchón a los que no lo tienen como podría ser algún tipo de renta básica”.
Y previene contra el conformismo: “Si nos sumamos a aplaudir cualquier restricción sin pedir nada a cambio, cuando echen a la gente de trabajos, y de sus casas por no poder pagar todo quedará en el mismo marco: la batalla necesaria contra el virus”.
