La presidenta de la asociación asturiana Carla Vive, Paz Rodríguez, asegura que “es muy difícil meter a un maltratador en la cárcel” a pesar de que en el ambiente flota la idea contraria. Esta activista, que acompaña a las mujeres que sufren violencia machista desde la denuncia hasta que inician su proceso de recuperación, habló el pasado viernes en Durango sobre la violencia institucional en una charla-coloquio organizada por la asociación Andereak al que acudieron decenas de mujeres.
Ella misma ha sufrido este tipo de violencia. Fue condenada a arresto domiciliario por espetar a una jueza: “Nos estáis dejando pocas soluciones a las mujeres, y las pocas que nos quedan no os van a gustar”. Posteriormente, le pidieron dos años y 4.000 euros de indemnización por insultos a un maltratador que finalmente se han quedado en 2.000 euros. “Nos quieren callar. Estorbamos. A la víctima la quieren aislada y sola”, denuncia.
El periplo institucional
El testimonio que ofreció dejó patente que las instituciones maltratan a las mujeres víctimas de violencia machista, lo que corroboraron también otras asistentes que de uno u otro modo trabajan en su asistencia. Así, los centros de salud, por ejemplo, no suelen notificar al juzgado para que la Fiscalía actúe de oficio cuando las mujeres acuden con lesiones cuya causa se supone que es el maltrato.
Las comisarías de Policía no cuentan con personal formado para atender a las víctimas de violencia machista y, aunque dispongan de él, o no es suficiente o carece de diligencia a la hora de garantizar la privacidad a las mujeres que acuden a denunciar. Los servicios sociales dan más crédito a los testimonios de los hombres. Estas situaciones no son generales, claro está, pero es la tendencia que observan las mujeres sensibilizadas que frecuentan las instituciones.
“El 016 no existe. Te atiende el 112, gente si preparación que lo único que te hace es decirte que tienes que denunciar. Para lo único que sirve ese número es para que no haya rastro en la factura”, señaló Paz Rodríguez. Algunas de las presentes señalaron que en la comunidad autónoma este servicio sí es eficaz.
Denuncia, sólo con asistencia letrada
Esta activista aconseja no tramitar la denuncia antes de que acuda un o una abogada de oficio -servicio gratuito para todas las vícimas de violencia machista- y recomienda que sea lo más detallada posible. “Es muy importante que esté muy bien redactada, porque un punto o una coma pueden suponer el archivo o que prospere”, advirtió. También insistió en que en comisaría se exija la presencia de una persona de confianza que brinde calor humano a la denunciante porque así lo prevé la ley, aunque en algunos establecimientos policiales se sugiera lo contrario.
Rodríguez opina que las leyes y protocolos sobre violencia se suelen redactar en épocas preelectorales con premura y “dejan demasiadas cosas abiertas a la interpretación de quien juzga”, amén de que no se cumplen. Recordó cómo su asociación celebró con júbilo la promulgación de la Ley de Violencia de Género en 2004 como norma “pionera que iba a visibilizar a las víctimas”, pero con los años, asegura, se ha demostrado ineficaz.
Insistió en el mito de las denuncias falsas, que suponen el 0,001% de las presentadas, y contrapuso a esto la realidad de las 400.000 que no se tramitan y se archivan aduciendo falta de pruebas.
Los maltratadores están sofisticando sus técnicas de control, dominación y desgaste psicológico y el archivo de denuncias los empodera
Algunas de las asistentes que trabajan en la intervención con víctimas resaltaron la dificultad de probar las denuncias por maltrato psicológico y mostraron su preocupación porque los maltratadores están sofisticando sus técnicas de control, dominación y desgaste psicológico. El archivo de las causas también contribuye a ello: “Los empodera”, certificaron.
“No sé en qué escuela los forman pero están todos cortados por el mismo patrón”, observó la presidenta de Carla Vive, quien describió su ‘método’: “Si te pueden contralar psicológicamente no te pegan, cuando han perdido este poder te maltratan físicamente y cuando ven que te van a perder del todo te matan”.
Esta asociación dispone de pisos zulo para proteger a las víctimas de la violencia y advirtió de la dificultad de acoger a mujeres con hijos e hijas, porque pueden ser acusadas de secuestro de menores, y privadas de la custodia, como ha ocurrido con los casos de Juana Rivas e Infancia Libre. Se ha dado el caso, incluso, señaló otra de las participantes, de entregar las criaturas a padres acusados de abusos a menores.
Tanto Paz Rodríguez como las asistentes criticaron también la generalización de la custodia compartida, lo que está causando quebrantos, tanto a las criaturas, como a las madres. “La custodia compartida sólo funciona bien cuando el padre y la madre se llevan bien y ya existía corresponsabilidad con anterioridad”, subrayó la presidenta de Carla Vive. Al hilo de esto, advirtió también de que tener descendencia con un maltratador “te ata a él de por vida”.
¿Víctima o superviviente?
Otra cuestión que suscitó debate entre las asistentes es hasta qué punto el ver a estas mujeres como víctimas las ayuda a pasar página y a empoderarse. Algunas prefieren utilizar el término supervivientes al considerar que el de víctima es un estado temporal que se supera. Otras señalaron que el estatus de víctima da derecho a reparación y Rodríguez resaltó que las más de mil asesinadas que registran las cifras oficiales desde 2003 no podrán ser nunca supervivientes.
Las asistentes convinieron que el machismo está muy enraizado en la sociedad y que atraviesa todos sus estratos. Por eso, la responsable de Carla Vive abogó por un feminismo transversal que esté presente, de manera especial, en todas las ramas y ámbitos educativos.
