En una cultura donde el individuo —varón, burgués y de raza blanca— se cree el dueño y señor del Universo, resulta difícil imaginar que hombres del Sur, pero sobre todo mujeres indígenas, estén a la cabeza de la lucha por la equiparación de los derechos humanos con los derechos de la tierra. Que estén peleando a muerte —y no es una metáfora— para evitar que las industrias extractivistas arrasen sus ecosistemas y territorios a través de megaproyectos que no les reportarán ningún beneficio, en un nuevo proceso colonialista y depredador. Recientemente han visitado la Comunidad Autónoma Vasca para hablar de estas luchas dos activistas chiapanecas, Addy Pérez, del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, y Mikeas Sánchez, defensora del territorio zoque. Lo han hecho invitadas por la asociación Lumaltik por el desarrollo y la cooperación entre los pueblos. La zona de México de la que proceden se enfrenta a concesiones mineras, presas, parques eólicos, pozos petroleros, complejos ecoturísticos e infraestructuras de transporte, proyectos que amenazan con arrasar hábitats y territorios vírgenes.
Aumento de los feminicidios
Desde el Centro de Derechos de la Mujer, Addy Pérez y sus compañeras llevan 15 años trabajando con mujeres de las comunidades indígenas amenazadas. Según explica, una parte de su labor consiste en reforzar su autoestima para que dejen de confundir derechos con obligaciones. “Ellas dicen, por ejemplo, tengo el derecho de cuidar a mi familia”. Actúan también contra la violencia machista. “Han aumentado los feminicidios, sobre todo, de mujeres indígenas que van a trabajar a las ciudades. Estamos exigiendo al Gobierno que implemente medidas para proteger la vida de las mujeres, pero no lo hace”, relata esta activista. Además, se les ofrece información sobre los megaproyectos y sus consecuencias, sobre “las amenazas de represas, proyectos turísticos y carreteras que afectan a sus tierras y de los que ellas no son beneficiarias”. Las mujeres indígenas tienen el problema añadido de que no son titulares de las tierras y, en muchos casos, señala Pérez, se ven privadas de este medio de subsistencia porque los hombres venden las parcelas para pagar a los traficantes que los ayudarán a cruzar la frontera de EE UU y dejan a la familia sin propiedad y sin recursos. El Centro de Derechos de la Mujer pugna también por evitar ese despojo y por que las tierras sean de propiedad familiar. “Las mujeres somos las que cuidamos la tierra y queremos tener voz y voto para rechazar los megaproyectos que amenazan la vida de los pueblos”, puntualiza Pérez.
Manipulación gubernamental
Pero estas defensoras de los derechos de los pueblos y de las mujeres de Chiapas no lo tienen fácil. La propaganda estatal funciona a toda máquina. “Son comunidades aisladas y ven la televisión del Gobierno, por la que no les llega la información real”. Información que para ellos y ellas es confusa también. “Se utilizan conceptos que no se entienden desde el punto de vista indígena”. ¿Por ejemplo? “El mismo concepto de megaproyecto, que se maneja como desarrollo”. Además, al problema de la fuerza manipuladora del capitalismo extractivista se une la dificultad de comunicarse con doce comunidades indígenas en su propia lengua. No obstante, la labor sin tregua del Centro de Derechos de la Mujer y otros agentes sociales ha dado como resultado que la población de Chiapas se movilice para impedir la apropación de sus tierras. ¿Qué les mueve? “El futuro de sus hijos, la experiencias de otras luchas contra los megaproyectos y el malestar por la violencia y las enfermedades que estos planes acarrean”. Además, quieren “defender sus usos y costumbres, sus saberes ancestrales”, resalta Pérez.
Contaminación, enfermedades y desplazamientos
La poeta y activista Mikeas Sánchez, originaria de otra zona de Chiapas, el área zoque, lo explica en primera persona: “La defensa del territorio para mí es la posibilidad de permanecer donde nací y quiero morir y, si abrimos la puerta a los megaproyectos, tendremos contaminación, enfermedades y desplazamiento de las comunidades”. Sánchez es miembra de Zodevite, movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra, una organización que en dos años ha logrado aglutinar a comunidades zoques dispersas para organizar bloqueos y manifestaciones contra un proyecto de extracción minera promovido por el millonario mexicano Carlos Slim. Antes de eso, han logrado detener la “ronda petrolera” mediante campañas en redes sociales y alianzas con periodistas de “prensa libre” y con la iglesia católica, que ha puesto a su servicio “una estructura bien organizada que permite movilizar masas”. Zodevite es un movimiento cristiano con mezcla de religiosidad indígena. Para sus componentes, la tierra es sagrada. “El río es hermano, compañero que permite hacer actividades de riego y demás; la montaña no sólo es un cerro, sino un lugar con presencia espiritual que nos fortalece”. Ultimamente, además, se felicita Sánchez, se están revalorizando las deidades femeninas como protectoras de la tierra, el agua y los volcanes. Eso hace que “aumente el respeto hacia la mujeres”, destaca.
El territorio importa más que la persona
Hace no mucho tiempo, 2.000 zoques tuvieron que abandonar su tierra debido a la erupción de un volcán. En cuanto pudieron, volvieron a casa, a pesar de que esa amenaza natural sigue ahí. Lo hicieron porque “para nosotros la muerte es algo natural”. Y porque son, precisa Sánchez, “un pueblo con mucho aguante”, que por ejemplo no opuso resistencia a la evangelización, lo que le permitió “mantener buena parte de su cultura y costumbres”. Ahora, en cambio, este pueblo tan paciente se ha movilizado en masa en defensa del territorio contra la rapacidad extractivista. Sánchez lo explica así: “Antes nos perjudicaban a las personas, pero esos megaproyectos dañan algo muy sagrado, la tierra. Somos pueblos muy espirituales y consideramos que la presencia individual no es tan importante como el territorio y el respeto a todos los seres que lo habitan”. Conciben el cuerpo y el territorio como realidades inseparables.