El gobierno de Daniel Ortega practica la criminalización como uno de los principales instrumentos para perseguir a la disidencia y a las defensoras de derechos humanos. Esta es una de las principales conclusiones de la investigación “Perseguidas por defender y resistir. Criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en Honduras, México y Nicaragua. Capítulo Nicaragua”, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).
En la actualidad, hay más de 200 personas presas políticas en Nicaragua, 21 de las cuales son mujeres; entre ellas varias feministas y defensoras de derechos humanos, como es el caso de Tamara Dávila, quien sigue privada de libertad bajo condiciones inhumanas de incomunicación, aislamiento e insalubridad.
No obstante, el estudio refleja cómo desde antes de 2018 la criminalización ya había sido usada de forma recurrente por el gobierno de Daniel Ortega para perseguir a las feministas, después de que estas apoyaran la denuncia por violación que interpuso contra él Zoilamérica Narváez, hija de su esposa y actual vice-presidenta Rosario Murillo, y de que se opusieran a la penalización del aborto que Ortega pactó con la jerarquía católica. También fue usada contra quienes, como Doña Francisca Ramírez, alzaron su voz contra el macroproyecto del Canal Interoceánico que amenazó los territorios y las vidas de muchas comunidades campesinas.
