La violencia con que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo reprime al movimiento feminista y a las defensoras y defensores de derechos humanos ha alcanzado cotas inimaginables con la amenaza de cadena perpetua para quien cometa crímenes de odio o lo difundan mediante protestas, algo de lo que se acusa a las activistas.
La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos ha puesto en marcha en los pasados días una campaña de denuncia y apoyo internacional que ha recogido 180 firmas de organizaciones vascas, del Estado y de América Latina.
En un comunicado, IM Defensoras pone de relieve la “grave crisis política” que vive Nicaragua con “violaciones sistemáticas a los derechos humanos” mediante la “la persecución política contra las voces críticas” y ataques diarios contra mujeres activistas, periodistas, defensoras y lideresas feministas.
Las organizaciones feministas han sido acusadas de provocar “odio entre las familias” y de los crímenes contra las mujeres
Las organizaciones feministas, denuncian, han sido acusadas de provocar “odio entre las familias”, así como también de los crímenes que se cometen contra las mujeres.
Por ello, les resulta “especialmente preocupante” que, el pasado 14 de septiembre, el Gobierno solicitara a la Corte Suprema de Justicia promover una ley que castigue con cadena perpetua los crímenes de odio. Al día siguiente, subrayan, Daniel Ortega afirmó que dicha ley también sancionaría a quienes difunden el odio mediante protestas contra el gobierno.
“Persecución, represión y estigmatización”
“No menos alarmante” les resulta que se haya presentado una iniciativa legislativa para “controlar a agentes extranjeros”. El contenido de ambas propuestas, unido al “contexto de persecución política, represión y estigmatización” les hace temer que se empeore la ya grave situación que enfrentan.
Las organizaciones y feministas nicaragüenses llevan décadas denunciando violaciones a derechos humanos “contrarias a la imagen de país progresista y de izquierda que el gobierno utiliza”. Algunas de ellas son: la acusación probada por violación sexual cometida por el presidente Daniel Ortega, la penalización del derecho al aborto incluso cuando la vida de las mujeres está en riesgo, los continuos pactos con poderes oligárquicos y empresariales para implantar proyectos extractivos, las acusaciones fundadas de fraude electoral o la grave oleada de violencia represiva, asesinatos y persecución política desatada desde abril de 2018.
En este contexto, explican que durante la mañana del viernes 25 de septiembre, coincidiendo con el último día hábil antes de la celebración del Día por Legalización y Despenalización del Aborto en América latina y el Caribe, tres organizaciones de mujeres y feministas – el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, el Programa Feminista La Corriente y la Coordinadora de Mujeres Rurales – “fueron objeto de asedio, arbitrariedades y agresiones por parte de la Policía”.
Los ataques, destacan, “fueron precedidos por declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Rosario Murillo, que estigmatizaba y difamaba a las feministas nicaragüenses, acusándolas de promover y lucrarse con los abortos y ser responsables del cierre de las Comisarías de la Mujer”.
