La Plataforma por la Abolición de la Prostitución (PAP) presentó ayer por la tarde en Madrid un proyecto de Ley Organica para la Abolición del Sistema Prostitucional (LOASP), cuyos objetivos principales son desmantelar todo el sistema que sostiene y alienta la explotación sexual de mujeres y niñas, y que esta violación flagrante de los derechos humanos sea considerada violencia machista.
La ley consta de 25 artículos y 13 disposiciones adicionales y tendría efecto en el conjunto del Estado. Se ha inspirado en la ley francesa aprobada hace dos años y en la ley sueca, entre otras. La portavoz de la plataforma, Rosario Carracedo, explicó que el texto se estructura en tres ejes: el primero, garantizar a las mujeres en prostitución la amplia gama de derechos de esta ley y de otras concurrentes con independencia de su origen geográfico; el segundo, desmantelar la industria de la explotación sexual y, el tercero, desincentivar la demanda, penalizar al putero.
El texto “supera el marco conceptual restrictivo” de la Ley de Violencia de Género al incorporar a ésta la prostitución, y modifica otras disposiciones vigentes para volver a penalizar el proxenetismo, algo que suprimió la reforma del Código Penal de 1995. Desde esa fecha, el Estado Español se ha convertido en “causa eficiente de que España sea uno de los principales lugares, no sólo del tránsito de mujeres y niñas destinadas a la explotación sexual, sino en uno de los prostíbulos de Europa”, señaló Carracedo.
La iniciativa de la PAP cuenta con el apoyo de 150 organizaciones feministas del Estado español y de una veintena de agrupaciones internacionales, así como de teóricas abolicionistas de distintas partes del mundo.
La ley daría también amparo a las mujeres que han ejercido la prostitución en el pasado pues “los derechos humanos no caducan”
Su principal foco de atención es, no obstante, la asistencia a las mujeres en prostitución, a quienes quieren que el Estado restituya sus derechos violentados. La ley orgánica establece la necesidad de poner en marcha programas de inserción y orientación laboral, asistencia psicológica y educativa, y recursos económicos. Las coberturas se extenderían también a las mujeres que han sido prostituidas en el pasado, ya que “los derechos humanos no caducan”.
Permisos de residencia
Dado que la mayor parte de las víctimas de la explotación sexual proceden de otros países, se ha previsto permisos de residencia temporales y que el acceso a los recursos no dependa de una denuncia previa.
Las promotoras de la ley se congratularon de que, después de 25 años de “arduo trabajo” abolicionista, la LOASP sea por fin una realidad. También lo hizo el más de un centenar de mujeres que asistieron a la presentación por videoconferencia, algunas de las cuales tuvieron la oportunidad de expresarles su felicitación.
Sonia Sánchez: “La prostitución no es un trabajo sino un campo de concentración donde se ejerce tortura física, psíquica y emocional”
Entre las asistentes se encontraba Sonia Sánchez. Esta profesora y superviviente argentina fue una de las primeras que se atrevió a alzar la voz contra el sistema prostitucional y ha sido y sigue siendo referente para muchas otras. Sánchez calificó la ley de “importante y necesaria” e insistió en que “la prostitución no es un trabajo” sino un “gran campo de concentración donde se ejerce tortura física, psíquica, emocional y económica cotidiana en la vida de mujeres y niñas”.
Destacó que muchas de las que ella conoció “murieron soñándose libres”; que las sobreviven “salimos enfermas de cuerpo y emocionalmente” y que la sanación es un proceso que se prolonga durante muchos años. Algo similar relató otra superviviente española, Carol: “Recuperar el valor y la fuerza es difícil”, incidió. Esta joven lanzó un toque de atención al Gobierno, por haberlas revictimizado al “mirar para otro lado”, y también a los hombres y al patriarcado, que “están en deuda con nosotras”.
La magistrada del Tribunal Constitucional María Luisa Balaguer cree que hemos “llegado al tope” en tolerancia de la prostitución y la pornografía
Otra de las intervinientes fue la magistrada del Tribunal Constitucional y catedrática de Derecho Constitucional María Luisa Balaguer. Aseguró que es la primera vez que conoce un texto articulado de una ley abolicionista y la calificó como “necesaria”. Opina que existe una “sensibilidad importante sobre la abolición, a pesar del neoliberalismo desesperante que vivimos”, pues juzga que “hemos llegado al tope” en cuanto a tolerancia de la prostitución y la pornografía.
Dotación presupuestaria
La propuesta contempla, además, medidas de sensibilización a través del sistema educativo y de los medios de comunicación, así como formación especializada para todas las personas que intervengan en el desarrollo de la ley. Para llevar todos estos objetivos adelante, se establece una dotación presupuestaria anual.
Al tratarse de una ley orgánica no puede presentarse como Iniciativa Legislativa Popular y debe pasar por el Gobierno y el Legislativo, lo que hace más ardua su tramitación.
La Plataforma para la Abolición de la Prostitución (PAP) ha solicitado en dos ocasiones, sin éxito, reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien las ha remitido al Ministerio de Igualdad. En adelante, acudirán a los grupos parlamentarios y al Ministerio de Igualdad para tratar de que el texto y salga adelante.
No obstante, las promotoras creen que el desmantelamiento de la industria de la prostitución requiere de la fuerza de todo el movimiento feminista, a quien anima a presentar la ley y recabar apoyos políticos y feministas en los distintos territorios.
También consideran importante que se dé a conocer a la sociedad civil y creen que un momento idóneo es la organización de los actos en torno a este 25N, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
