Son tres y conscientes de que representan a muchas. Víctimas de violencia machista que un día se atrevieron a denunciar y que están pagando un alto precio por ello, no sólo económico, sino también en desgaste emocional. Son víctimas que entienden que la justicia las ha revictimizado. Como a tantas y tantas otras.
Atraviesan situaciones diferentes y lo que las unes es la lucha contra la violencia institucional y el hecho de que los casos estén centralizados en el Palacio de Justicia de Gasteiz. Una de las mujeres ha denunciado prevaricación judicial, la otra la aplicación del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), y la tercera, injusticia en las resoluciones sobre la custodia de sus hijas.
Las tres han presentado una queja común ante el Consejo General del Poder Judicial. Posteriormente, la han trasladado a otras instituciones en demanda de un apoyo que continúan a la espera de recibir, en especial el de la Fiscalía General del Estado y el del Gobierno vasco. La asociación contra la violencia machista Carla Vive también lo ha hecho en su nombre.
Denuncian “la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y al acceso a un proceso justo y equitativo de forma reiterada
En el escrito conjunto, Laura Fuentes, Inmaculada Fuentes y Mercedes García, denuncian “la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y al acceso a un proceso justo y equitativo de forma reiterada”. Entre otros ejemplos citan “expedientes que presentan irregularidades procesales, retardos en la tramitación, multitud de obstáculos para probar los hechos denunciados y omisión de respuesta”.
Entienden que en sus actuaciones, “tanto judiciales como con otras entidades públicas, no se están tomando medidas adecuadas y efectivas”, lo que las está causando “una continua desprotección e indefensión”.
Laura Fuentes denuncia “irregulares procesales, fraude procesal, prevaricación continuada discriminación de género, dilaciones voluntarias y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por parte del Juzgado de Violencia contra la mujer Nº1 de Vitoria”.
En su relato, refiere que presentó una primera denuncia por violencia de género en enero de 2017 y en su tramitación se produjo “extravío de testificales” suyas únicamente, “no aceptación de pruebas de forma reiterada, por un lado, para probar la veracidad de los diferentes hechos y, por otro, “para reafirmar los duros informes emitidos por parte de la unidad forense del propio juzgado que consolidaban los hechos denunciados”.
Magistrada recusada
La denunciante recusa por primera vez a la jueza en abril de 2018 y afirma que, “sin haberse resuelto esa recusación, la magistrada sigue realizando todo tipo de actuaciones judiciales, como por ejemplo, la ejecución de una vista y grabación parcial en la misma, unida a la coacción ejercida sobre mí en la sala”.
De hecho, en esa misma fecha, Fuentes interpone una segunda denuncia por violencia de género, esta vez en Madrid, donde reside actualmente. Con las nuevas pruebas aportadas, se le concede una orden de protección y se establece que “debían recogerse pruebas y volver a investigar los hechos desde el año 2014”.
En mayo, pasadas varias semanas, se le comunica que el procedimiento se está tramitando en Gasteiz, “cuando no correspondía por ley dicha ubicación y allí prosiguen las anomalías por parte de la magistrada que estaba recusada: se modifica el día de citación del denunciado sin que la denunciante o su abogada tuvieran conocimiento y pudiera estar presente para ejercer la contradicción de los medios de prueba instruidos, entre ellos, la declaración del denunciado”.
Además, “no se transmitió a los cuerpos de seguridad la notificación al denunciado de la Orden de Protección” ni “se ha resuelto ninguna de las solicitudes de prueba nuevas” que Fuentes “señaló en su día para su defensa”.
Por estos hechos y la suma de otras conductas presuntamente prevaricadoras, Fuentes vuelve a presentar otro incidente de recusación frente a la magistrada en julio de 2018 – asunto que aún no se ha comenzado a tramitar por el juzgado-. La denunciante entiende que ha sufrido la vulneración de “un derecho fundamental, como es el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, ya que el plazo de 3 años dista de ser razonable”.
Querella
Considera, además, que “todo lo descrito supone que no se ha actuado conforme a la objetividad e imparcialidad requeridos en un Estado de Derecho y socialmente democrático a la hora de emitir resoluciones judiciales” y que se ha producido “trato de favor fraudulento en beneficio de la parte contraria”. En suma, entiende que la actuación de la magistrada en los distintos estadios de los procedimientos ha “carecido de las garantías procesales exigibles en el marco del derecho a la tutela judicial efectiva”.
Las repetidas “irregularidades procesales” llevaron a la denunciante, en septiembre de 2020, a presentar formalmente ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, una querella contra la magistrada de Vitoria, “entre otros delitos, por prevaricación continuada”.
Sin embargo, esa instancia no la admitió a trámite, aun “habiéndose presentado en tiempo y forma”, lo que nuevamente representa, para Fuentes, una “clara la vulneración de mi derecho a la tutela judicial efectiva y presuponiendo unos hechos que no han podido constatar porque no se han instruido debidamente”.
Falso SAP
El segundo caso es el de Inmaculada Fuentes, a quien han aplicado el falso SAP. Su denuncia se dirige a las actuaciones de los juzgados número 4 y 8 de Gasteiz. Asegura que han perdido transcripciones de sus hijos y no se les ha vuelto a citar y que ambos juzgados requirieron un informe psicosocial, “que nos realizan sólo a mis hijos y a mí (madre)”.
Critica asimismo que el juzgado número 4 no le ha dado opción a ser escuchada, que “los informes de la unidad de visitas están claramente amañados”, que no se ha escuchado a los menores y que se ha producido dilación en los procedimientos. A esos hechos se añade que se le ha separado de sus hijos contra la voluntad de éstos, que en el área del Menor y de Familia de la Diputación alavesa no se ha dado respuesta a más de 150 notificaciones que ha enviado y que tampoco otras instituciones han respondido a sus demandas de auxilio.
“Ante el informe psicosocial negativo del padre, la única solución para corregir ese comportamiento es que pase más tiempo con sus hijas”
La tercera firmante del escrito, Mercedes García, tiene una orden de alejamiento desde 2019. En el proceso penal, la Magistrada de Violencia sobre la Mujer “no vio necesario incluir una serie de hechos que yo relaté, episodios de violencia” perpetrada contra ella, lo que la llevó a recurrir a la Audiencia Provincial de Araba.
Marchó a vivir a Asturias, de donde es originaria, con sus hijas, pero posteriormente la jueza estableció la obligatoriedad de que, tanto ella como las pequeñas, vivieran en Gasteiz, donde reside el padre, a pesar de que éste cuenta con “un informe psicosocial totalmente negativo”.
En el recurso contra estas medidas, se le exime a ella de permanecer en Gasteiz pero no a las niñas y se le responde que “han tenido en cuenta el informe psicosocial negativo del padre, pero que la única solución para corregir ese comportamiento es que pase más tiempo con sus hijas”, lo que, a su entender, supone hacer “responsables a dos niñas de 4 y 2 años de la rehabilitación emocional de un adulto”.
García reconoce que ha hecho caso omiso de ese mandato y que vive en Asturias con sus hijas, a las que lleva a ver a su padre cada quince días. Su ex marido ha quebrantado la orden de alejamiento y le ha puesto sendas denuncias por sustracción de menores y acoso. La primera está archivada y la segunda en fase de instrucción.
En el proceso penal en que se encuentra inmersa se solicitan más de 6 años de cárcel para su ex marido, a lo que se añade más de 1 año por quebrantamientos de la orden de alejamiento.
Su ex marido ha solicitado la ejecución de la sentencia que obliga a sus hijas a residir en Gasteiz y no se han admitido los informes del colegio donde están matriculadas sus hijas en Asturias, pero sí los del centro al que acudían anteriormente en la capital alavesa, presentados por el padre. García considera injusto este doble rasero.
“Hace falta garantizar que las irregularidades en los protocolos de actuación contra la Violencia de Género se cumplan”
Falta de respaldo
Las tres mujeres instan al CGPJ a que “se preste atención a la naturaleza, gravedad y magnitud del problema que nos concierne y se proceda con la debida diligencia a investigar y reparar los hechos denunciados”.
Esperan “una respuesta contundente y eficaz de los poderes públicos” que garantice “la protección de nuestros derechos fundamentales”. No sólo de las instancias judiciales. Entienden que su queja debe ser atendida también por otros organismos que han tenido conocimiento de este maltrato institucional.
En concreto, han remitido su escrito a la Fiscalía General del Estado, al Observatorio contra la Violencia doméstica y de género del CGPJ, al Ministerio de Igualdad, al Ministerio de Justicia, a la Delegación del Gobierno contra la violencia de Género, al Ararteko, a Emakunde, y al Gobierno Vasco. El CGPJ les solicitó entregar los expedientes por separado, lo que ya han formalizado. La mayoría no ha respondido, entre ellos el Gobierno vasco, y otros organismos, como Emakunde, aseguran no poder “hacer nada en procesos judicializados”.
Quieren sentar precedente para ayudar también a muchísimas mujeres que “no han tenido posibilidad de denunciar”
La falta de respaldo ha defraudado a estas mujeres, que cree que “aún es posible poder encauzar estas situaciones teniendo en cuenta que no hace falta entrar en resoluciones judiciales, sino garantizar que las irregularidades en los protocolos de actuación contra la Violencia de Género se cumplan, algo que sí estaría dentro de las competencias de estas instituciones”.
Estas víctimas no sólo reclaman justicia y reparación. Quieren sentar precedente para ayudar también a muchísimas mujeres que “no han tenido posibilidad de denunciar su situación por falta de fuerzas y de recursos económicos”, quedando abocadas “al silencio y, por tanto, a la inexistencia para la sociedad”.
