Las asociaciones Argitan y Berri-Otxoak de Barakaldo denunciaron ayer que la mujer víctima de violencia machista con tres menores a cargo y desahuciada de su vivienda el 31 de enero sigue sin ser ubicada en un piso y permanece acogida en un servicio municipal con sus hijos menores de 5, 11 y 14 años.
Representantes de ambas asociaciones realizaron una sentada en una calle de Barakaldo para poner en evidencia que el “Ayuntamiento y el conjunto del Gobierno vasco nuevamente vulneran los derechos que asisten a las mujeres víctimas de violencia machista”.
Incumplir la legislación
Según explicaron en una nota, “pasan las semanas y los servicios sociales del Ayuntamiento de Barakaldo y el Ejecutivo autonómico siguen incumpliendo la legislación que obliga a garantizar una alternativa habitacional a esta mujer víctima de violencia machista. Ni desde Alokabide ni desde los recursos municipales han hecho ningún tipo de gestión para garantizar su derecho a una vivienda”.
Y parece que esto seguirá siendo así por mucho tiempo. A decir de ambos colectivos, “desde los servicios municipales han manifestado que estará en este recurso un año”. Además de no facilitarle una vivienda, tampoco “tramitan ningún tipo de prestación social a la que tiene derecho en Lanbide o los servicios sociales”, dicen estos colectivos. Sus únicos ingresos son “los del SEPE para mujeres víctimas de violencia machista, que gestionó antes de ser desalojada de su vivienda”.
Derecho negado
Las entidades barakaldesas entienden que Ayuntamiento y Gobierno vasco “desoyen la normativa vigente que obliga a garantizar el realojo inmediato de personas en situación de vulnerabilidad acreditada en una vivienda, excluyendo albergues o centros de acogida, en caso de llevarse a cabo un desahucio.”
“A pesar de las campañas institucionales en contra la violencia machista -subrayan Argitan y Berri-Otxoak-, a la hora de la verdad, los servicios sociales municipales y de vivienda del gobierno vasco no tienen en cuenta la situación de las mujeres maltratadas, a las que, como en este caso se las niega tanto el acceso a la vivienda como a las prestaciones sociales a las que tienen derecho”.
