Mucho, mucho antes de que el término ‘violencia institucional’ fuera de uso corriente, Irune Costumero ya la venía denunciando en despachos y foros oficiales de distinto nivel, en un grito cuyo eco no quiere que se apague.
Esta vecina de Igorre (Bizkaia) ha denunciado en reiteradas ocasiones que, el 4 de agosto de 2017, los Servicios Sociales de la Diputación de Bizkaia le arrebataron a su niña de 5 años y que desde entonces apenas ha podido verla unas horas a la semana. Al principio, con vigilancia constante, y sólo últimamente sin ella. El organismo foral le privó de la custodia compartida y entregó a la niña al padre.
¿Cuál fue el motivo? El Síndrome de Alienación Parental (SAP), un falso diagnóstico acientífico que indica que un progenitor–generalmente, la madre- induce hostilidad en sus criaturas contra el otro.
El SAP, con otros nombres
Ya en 2016, el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recomendó a la judicatura no utilizarlo pero, a pesar de ello, campa a sus anchas por los despachos de los tribunales y los servicios sociales, según denuncian distintas asociaciones. A veces no se le llama SAP. Se disfraza de multitud de nombres, pero sigue ahí, agazapado en supuestos instrumentos ‘objetivos’ de valoración.
Esta madre coraje, como también se le ha denominado, ha hecho lo imposible por recuperar a su hija. No lo ha conseguido. Sí ha logrado, en cambio, que el máximo responsable político de Acción Social de la Diputación de Bizkaia y tres técnicas, dos de ellas del máximo nivel, sean juzgadas a partir del próximo día 7 por la decisión tomada. Se enfrentan a penas de cárcel y 15 años de inhabilitación.
“La relatora sobre la Violencia contra la Mujer de la ONU resaltó el alto índice de utilización del falso síndrome en la justicia española”
Costumero, además, ha sido escuchada por la relatora especial sobre la Violencia contra la Mujer de la ONU. La alta funcionaria resaltó el alto índice de utilización del falso síndrome en la justicia española y aprovechó para recordar que el Estado fue condenado en 2014 por el caso de Ángela González Carreño –su marido mató a su hija después de que los gritos de alerta de la madre no fuesen escuchados- y le instó a tomar medidas que no ha aplicado.
Poner voz a las víctimas de “tortura institucional”
La última puerta que ha tocado es la comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Gobierno vasco, donde compareció el pasado día 26. Su desgarradora intervención comenzó con una espeluznante grabación de los gritos de su hija del día que le fue arrebatada, a la que siguieron estas palabras: “A mí, Irune Costumero, me arrancaron a mi hija”.
Dado que recuperarla ha sido, hasta ahora, imposible, aclaró que “estoy aquí para ponerle voz a ella y a tantos niños y niñas condenados a la tortura institucional, robados literalmente de sus madres, a las que se nos ha acusado de un síndrome no avalado científicamente que el propio Consejo General del Poder Judicial recomendaba no utilizar, al igual que la OMS”.
A continuación, relató con detalle su cruda experiencia de violencia institucional, infligida por personal de la Diputación de Bizkaia y una sucesión de profesionales policiales y de la justicia, quienes hicieron caso omiso de las quejas de maltrato proferidas por su hija. “Ella va creciendo y cada vez verbaliza mejor su sufrimiento hasta el punto de ponerle nombre y apellidos a sus moratones”, describió.
“¿Os podéis poner en la piel de mi hija que de forma reiterada ha sido obligada a vivir con quien no quiere y a quien teme? ¿Sabeis lo frustrante que es contar una y otra vez los malos tratos que te da tu padre y la impotencia que genera que un sistema que está para protegerte te de la espalda?”, interpeló a la comisión. Aseguró que distintos informes forenses acreditan su acusación.
Una idea del calvario de esta mujer la da el hecho de que, si en agosto de 2017 la Diputación de Bizkaia le privó de la custodia compartida para dársela en exclusiva al padre con un régimen de visitas muy restringido para ella, al mes siguiente la Fiscalía de Bizkaia señaló que el ente foral no estaba legitimado para modificar custodias. Pero no ha sido hasta enero de este mismo año cuando un auto judicial, que ella ha recurrido, dictaminó el cese de la guarda provisional de la Diputación y se la otorgó, de forma cuatelar, al padre.
En el juicio que comenzará estos días se delimitarán las responsabilidades en este asunto. La mayoría de la comisión parlamentaria se remitió a lo que determinen los tribunales. En las intervenciones, aludieron a reformas legislativas que se están tramitando, tanto en el Estado, como en la comunidad autónoma, para proteger a las criaturas en las separaciones conflictivas.
“Espero justicia”
Las respuestas no satisficieron a Costumero. Denunció los estragos de una justicia y la violencia institucional de una burocracia patriarcal donde la norma es la falta de formación específica –en igualdad- para tratar competentemente estos casos. Y les espetó: “No me sirve que digáis que se van a reformar leyes. Leyes ya hay. La Convención de Derechos del Niño de la ONU es de hace años, pero no se aplica”.
“Es inadmisible que digan una y otra vez que esto está judicializado y que hay que esperar. Para una niña, 4 años es la mitad de su vida”
Alguien le preguntó qué esperaba de la comisión. “He mantenido numerosas reuniones con grupos parlamentarios. Espero justicia -enfatizó-. Es inadmisible que digan una y otra vez que esto está judicializado y que hay que esperar a que un juez resuelva algo. Para una niña, 4 años es la mitad de su vida. A nadie le gustaría estar en su piel y en la de otros tantos niños y niñas, y se daría más prisa en todo esto”, les reprendió.
“No es posible que se rompan así las infancias; que por un síndrome que no existe aparten a una niña de su madre y que nadie haga nada aun teniendo el tiron de orejas de la relatora de la ONU, y después de hablar con vosotros y en el Congreso, y de que haya leyes que como en Cataluña consideran el SAP y sus sucedáneos violencia institucional pero no se aplican”, se desesperó. Una vez más.
