Ana Cuartas fue abusada por su padre desde los 4 hasta los 17 años. Lo denunció y nadie la creyó. Tampoco lo hizo la Policía cuando con 15 años acudió a comisaría. Ni siquiera la protegieron cuando logró grabar la confesión de quien debía cuidarle y en lugar de ello la torturaba y violaba.
En 2016, consiguió que fuera condenado y eso le costó el repudio de su familia de origen. La ley del ‘solo sí es sí’ lo puso en la calle el año pasado, lo que, dice, ha acrecentado su rabia e impotencia.
Esa ira le ha llevado a impulsar una campaña en change.org para denunciar que “el abuso sexual infantil sigue siendo un gran tabú” y que “nadie hace nada”.
Los próximos días 19 de noviembre de 18.00 a 20.00h; y el 20, de 9.30 a 11.30, ella y otras mujeres que fueron abusadas de niñas protestarán frente al Congreso de los Diputados (Plaza de las Cortes) para reivindicar sus “derechos como víctimas de un sistema que no nos escucha ni nos protege”. En esas fechas, se conmemora la Declaración de Derechos del Niño y la Niña de 1959, así como la Convención de los Derechos del Niño y la Niña de 1989.
“El sistema ha fallado conmigo”
Ana Cuartas hizo pública su historia en 2010 y se convirtió en activista por los derechos de la infancia y la adolescencia para reclamar que “cambie el sistema porque claramente conmigo ha fallado y no quiero que esto ocurra a nadie más”.
Y es que sucede demasiado a menudo y en todas partes. “Me escriben personas contándome sus duras historias, desde todas las provincias de España -señala- e incluso desde otros países México, Argentina, Colombia, Perú, Francia, Chile…”
Son testimonios que dejan al descubierto que “el abuso sexual infantil intrafamiliar en un gran tabú y que nadie hace nada por las personas que lo sufrimos, y cuando las madres intentan proteger a sus hijas e hijos son condenadas y juzgadas”.
“Veo -añade- a mujeres incapaces de rehacer sus vidas y siguen condenadas a convivir con su agresor en su propia casa, porque las secuelas son tan devastadoras que ni siquiera pueden trabajar; estrés postraumático complejo, esquizofrenia, bipolaridad, depresión grave… Y esos diagnósticos son los que la propia familia e incluso la sociedad usa para invalidar nuestras vivencias, negando lo ocurrido incluso ocultándolo por el miedo a que dirán y diciendo que los trapos sucios se lavan en casa”, lamenta.
“Estamos exhaustas. Se hacen leyes sin contar con nosotras y no se nos proporcionan herramientas que realmente nos ayuden”
La norma que debería garantizar los derechos de la infancia, la Ley Orgánica 4/2021, de 4 de junio, de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia “se queda corta; no recoge ni un sólo renglón sobre agresiones sexuales intrafamiliares”, denuncia.
Es más, “se sigue revictimizando a las víctimas; parecemos nosotras las agresoras y somos juzgadas, con procesos demasiado largos y duros”, constata.
Según datos de la fundación ANAR, más del 80% de las agresiones sexuales ocurren dentro de la familia. El 78% de las víctimas son niñas, de las cuales el 43,2% son menores de 12 años. El agresor suele ser el padre el 23,3% de los casos; el tío o el padrastro (5,4%); el primo (4,7%); el abuelo (2,8%), y por último (2,1%), el hermano. Los hechos delictivos, en el 49,7% de las ocasiones se produce en casa, y un 14,8% sucede en casas del entorno. La propia víctima denuncia las agresiones en el 64,4% de los casos, y la madre en el 14,9%.
“Las víctimas de agresiones sexuales en el ámbito intrafamiliar estamos exhaustas -clama Ana Cuartas-. Nadie nos escucha, ni apoya; se hacen leyes sin contar con nosotras y no se nos proporcionan herramientas que realmente nos ayuden”.
Sin embargo, se niegan a callarse. “Queremos que retumben nuestras voces, las voces de las personas silenciadas, que por desgracia no se cuentan porque nadie quiere ver algo tan devastador; no formamos parte de ninguna comisión de investigación y somos las abandonadas, las olvidadas”.
“Se nos obliga a convivir con nuestro agresor, que nos viola, nos maltrata física y psicológicamente”
Falso SAP
“Los monstruos existen -recalca- y se esconden en nuestras propias casas. Basta ya de mirar para otro lado y ser cómplices”. Según estas víctimas, cuando las madres protectoras intentan proteger a sus hijas “lo único que hace la justicia es imputarlas por alineación parental, falso SAP, incluso síndrome de Munchausen”.
“¿Dónde queda el interés superior del menor, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y el derecho a la participación; si no se escucha a los niños y a las niñas? -interpela-. Prevalece el derecho de un padre, se nos obliga a convivir con nuestro agresor, que nos viola, nos maltrata física y psicológicamente”.
Las víctimas exigen su reconocimiento como tales y piden que los delitos no prescriban. Reclaman procesos judiciales más cortos “para no prolongar nuestro sufrimiento” y rechazan las custodias parentales impuestas.
Además, consideran que su condición de víctima no debe prescribir para no tener que renovar continuamente las gestiones para poder optar a ayudas “económicas, sociales (como viviendas), psicológicas (con terapias especializadas), ayudas escolares donde se facilite la integración en el aula, exámenes y dentro del centro a nuestras necesidades, especialistas que estén cualificados tanto judicialmente, policialmente, medicinalmente…”
