El Gobierno Vasco ejecutó ayer el desahucio de una mujer víctima de violencia machista con tres menores a su cargo de 5, 11 y 14 años. La mujer tiene orden de alejamiento en vigor y residía en un piso de la Sociedad Pública de Alquiler, Alokabide.
Ni la movilización de activistas sociales ayer mismo ante el portal, ni sus denuncias constantes lograron frenar el desalojo. Las asociaciones organizadoras, el Centro Asesor de la Mujer Argitan y la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak, denunciaron que “ni el Equipo de Gobierno del consistorio ni el Gobierno Vasco han ofrecido hasta la fecha a esta mujer, víctima de violencia machista, ninguna vivienda alternativa, como exige la actual ley”.
Ello a pesar de que “cuenta con un informe de vulnerabilidad remitido al juzgado de Barakaldo” que acredita su “situación de mujer víctima de violencia machista con una orden de alejamiento en vigor”.
Las organizaciones baracaldesas, recuerdan que “ambas instituciones desoyen la normativa vigente que obliga a garantizar el realojo inmediato de personas en situación de vulnerabilidad acreditada en una vivienda, excluyendo albergues o centros de acogida, en caso de llevarse a cabo un desahucio”.
Es más, aseguran que el equipo de gobierno y ejecutivo autonómico hacen caso omiso de la legislación que prohíbe expresamente la ejecución de un desahucio si no hay alternativa habitacional, el acceso a una vivienda en condiciones de dignidad.
“Constatamos que a pesar de que el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre contemplaba la paralización de los lanzamientos para personas en situación vulnerable, sin embargo estas situaciones continúan y el desahucio de esta vecina de Barakaldo es una prueba de ello”.
Contra los derechos humanos
El Centro Asesor de la Mujer Argitan y la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak han denunciado que las Administraciones públicas, al promover y permitir estos desalojos, incumplen las resoluciones de las Naciones Unidas y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que exigen una vivienda alternativa cuando afecte a familias en situación de precariedad.
Ambas asociaciones coinciden en señalar que “Alokabide y el Ayuntamiento de Barakaldo contravienen hasta el protocolo antidesahucios firmado por Gobierno Vasco, la asociación de municipios vascos Eudel y el Consejo General del Poder Judicial en 2013 a raíz del suicidio de la vecina de Barakaldo Amaia Egaña cuando iba a ser expulsada de su vivienda y actualizado en febrero de 2019, donde se contemplaba la obligación institucional de poner a disposición de las familias afectadas una alternativa habitacional digna. Obligación siempre incumplida, como se demuestra con el desahucio ejecutado” ayer.
