Con el inicio del período religioso de la Cuaresma arrecia el acoso, ante las clínicas autorizadas, a las mujeres que deciden libremente interrumpir su embarazo. El Congreso ha aprobado una reforma del Código Penal que tipifica como delito este hostigamiento. Establece penas entre tres meses y un año, o de trabajos para la comunidad. Actualmente está en trámite en el Senado. Sin embargo, los centros autorizados consideran insuficiente esta medida.
El que hombres y mujeres se arrodillen rezando junto a cruces gigantes, rosarios en mano y mientras se asperja agua bendita podría parecer un espectáculo grotesco sin más, si no fuera porque el acoso va más allá, hasta el punto de afectar directamente a la estabilidad emocional.
Según señalan desde la asociación de centros acreditados para interrumpir voluntariamente el embarazo ACAI, estos grupos ‘ultra’ rotulan en el suelo frases como ‘Aquí se matan niños’ o susurran esta idea al oído de las mujeres. Incluso invaden su espacio personal introduciendo panfletos en sus bolsillos.
La clínica madrileña Dator, la primera autorizada para practicar abortos en el Estado, es especial objeto de su activismo. Frente a sus instalaciones, los sábados de sus campañas han situado un vehículo ecográfico en el que introducen a algunas despistadas que después les “llegan bloquedas porque están estigmatizando su derecho”.
“La maternidad deseada no es una cuestión sólo de ayudas económicas, sino que es un proyecto vital en la existencia de cada mujer”
Siglos de instrucción religiosa a sangre y fuego hace especialmente delicado el ejercicio del derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo y lo menos indicado son esas maniobras de desestabilización psicológica. “El día que tienen que ejecutar el acto médico necesitan llegar en el mejor de los estados emocionales posibles y, en cambio, las someten a acoso y engaño. Dicen que recaudarán dinero para pañales, como si la maternidad se redujera a eso. La maternidad deseada no es una cuestión sólo de ayudas económicas, sino que es un proyecto vital en la existencia de cada mujer”, puntualizan desde la clínica madrileña.
Un calvario desde 1985
Las mujeres que acuden a los centros de interrupción voluntaria del embarazo llevan sufriendo este calvario desde 1985, cuando se legalizó al aborto. Desde ACAI y Dator consideran que esto hace que no estemos ante un derecho consolidado. Además, la norma se puede revertir en parte, como ya ha sucedido con gobiernos del PP, y falta desarrollarla en aspectos importantísimos, como son la educación afectivo sexual y la vigilancia de las administraciones para garantizar su aplicación efectiva.
Por otro lado, los centros autorizados consideran que el aborto es una “práctica sanitaria estigmatizada que no suma, sino todo lo contrario” en el curriculum profesional de quienes lo practican.
Además, la sanidad pública no garantiza que las mujeres puedan elegir el método que deseen. Las posibilidades son el farmacológico (pastillas) o el quirúrgico y, aunque las mujeres suelen preferir éste, se da preeminencia al primero, en parte por la presión de las farmacéuticas. “Las intervenciones que se realizan en las instalaciones de la sanidad pública están primando el uso del método farmacológico en detrimento del derecho de las mujeres a elegir método y así se plasma en el informe de IVE del Ministerio de Sanidad”, subrayan las clínicas autorizadas, que consideran, además, que el empleo de medicamentos favorece las falsas objeciones de conciencia.
Otro problema es que faltan profesionales que sepan practicar interrupciones del embarazo, a pesar de ser una prestación pública desde 2010, ya que en la carrera de Medicina no está prevista la formación necesaria.
A ello se añade que en los procesos de derivación en la sanidad pública, las mujeres se enfrentan, a veces, a actitudes “poco agradables, juzgadoras y desalentadoras”. Hay quienes no quieren pasar por eso y se pagan la intervención de su bolsillo.
Son muchas, pues, las lagunas de la actual ley y en su práctica efectiva que esta reforma para penalizar el acoso no solventará. ACAI celebra, no obstante, su aprobación e insiste en algunas mejoras que la harían más efectiva y la acercaría a otras normas europeas.
Perímetro de seguridad
La plataforma Aborto sin Acoso, formada también por otros grupos, reclama un perímetro de seguridad, es decir, un espacio alrededor de las clínicas al que no puedan acceder estos grupos. Recomienda imitar el modelo de Francia, que considera delito, no sólo el acoso presencial, sino también el efectuado a través de webs o redes sociales, y la información falsa. “Todo ello lo hacen estos grupos”, dicen en ACAI.
“¿Permitirían acosar a los hombres que acuden a los servicios de Urología a hacerse la vasectomía?”
La zona de seguridad, aseguran desde la asociación de clínicas autorizadas, era un compromiso del Gobierno de coalición, PSOE y UP, que no se ha materializado. Curiosamente, El PNV es el único grupo que se posicionó a favor e incluso la católica Irlanda garantiza el ejercicio efectivo del derecho mediante estos espacios protegidos.
A falta de esta garantía, ACAI teme que los grupos ultra sigan hostigando a las mujeres. De hecho, la asociación Abogados Cristianos ya está dándoles instrucciones de cómo pueden operar sin riesgo de ser incriminados.
Imagen tomada del vídeo de youtube de hazteoir
Muestra de que no están dispuestos a que le ley los pare ha sido la inaguración de un refugio pro-vida frente a Dator, justo el pasado martes, 8 de Marzo. Se trata de una amplia planta baja y primer piso con la fachada pintada en vistoso magenta y con carteles gigantescos que muestran a un precioso bebé y admoniciones como: ‘¿Te vas a perder su sonrisa?’ o ‘El aborto no es la única solución’.
Ese día mostraron, en pantalla gigante, una ecografía en directo de una orgullosa embarazada en avanzado estado de gestación que se realizaba en su interior. Bendijeron el local, instalaron un escenario y, provistos de vistosos aparatos de luz y sonido, rezaron, entonaron cantos y leyeron pasajes bíblicos. Retrasmitieron el acto en directo por youtube y al terminar se conjuraron para cerrar la clínica. La Policía estableció un cordón de seguridad para protegerlos y ni las protestas de algunos vecinos consiguieron que el ruido cesara.
Los vaivenes de la alternancia política
Los derechos conquistados siempre están amenazados, y los que benefician a las mujeres, más aún. “¿Permitirían acosar a los hombres que acuden a los servicios de Urología a hacerse la vasectomía o concentraciones feministas frente a centros religiosos donde trabajen agresores sexuales?”
No sólo eso. La del aborto es la única ley que exige tres días de reflexión y tampoco con esto están de acuerdo los centros autorizados. “No necesitamos tutelas”, protestan.
Es también una norma que está sujeta a los vaivenes de la alternancia política, que se llevó por delante algunas de sus prerrogativas, como que las jóvenes de 16 y 17 años pudieran tomar esta decisión sin necesitar el consentimiento de sus progenitores. Las clínicas de interrupción del embarazo solicitan que se les restituya ese derecho.
