La comisión de ayuda a las personas refugiadas CEAR-Euskadi ha constatado que las solicitudes de asilo se han incrementado considerablemente en el último año. En concreto, han pasando de 1.595 personas en 2018 a 4.826 personas el pasado año. La mitad de las peticiones proceden de mujeres, muchas de las cuales sufren persecuciones específicas por el simple hecho de serlo, no sólo en su país de origen, sino también durante el tránsito, y a su llegada a Euskal Herria.
La atención a las persecuciones por motivos de género, orientación sexual e identidad de género ha evolucionado en las últimas décadas. Según la directora de CEAR-Euskadi, Patricia Bárcena, “hace quince o veinte años era impensable solicitar asilo por motivos de género”. Pero con la legislación de 2009 “ se dio un paso importante en el reconocimiento de de la persecución por motivos de género e identidad sexual”.
Con todo, se ha avanzado poco en los casos de trata con fines de explotación sexual. “Queda mucho por andar, ya que hasta 2016 no se reconoció prácticamente ningún caso por ese motivo”, puntualizó.
Obligadas a prostituirse
Y eso que dicha forma de esclavitud afecta a un gran número de inmigrantes que proceden del Africa subsahariana, quienes en su mayoría entran al Estado español por vías irregulares. Muchas de estas mujeres sufren violencia en sus países y la continúan soportando en su huida. Suele ser común que busquen un hombre que las proteja y bastantes de ellas son obligadas a prostituirse. También han de hacerlo una vez llegadas a su destino para pagar las deudas contraídas durante el viaje.
Las mujeres procedentes de Latinoamérica, en cambio, llegan en avión y entran sin necesidad de visado, pero también arrastran una deuda que han de pagar con trabajo semiesclavo y favores sexuales, cuando no son también explotadas sexualmente.
Hay “falta de compromiso con la vulneración de los derechos humanos por parte del Estado español”
Bárcena indicó que sólo se concede una solicitud de asilo de cada veinte, “unas cifras bajísimas, que quedan “muy lejos” de las de países del entorno y denotan una “falta de compromiso con la vulneración de los derechos humanos por parte del Estado español”.
Actualmente, se están concediendo muchas solicitudes de asilo a personas procedentes de Venezuela “por razones humanitarias”. En cambio, el 99% de las peticiones planteadas por personas procedentes de Colombia es rechazado, lo que para Bárcena “es inconcebible”, conociendo que hay allí estructuras armadas e “infinidad de casos de persecución a quienes defienden el territorio o los acuerdos de paz”. Las razones suelen ser también diplomáticas, ya que el reconocimiento del derecho de asilo sugiere que un país no respeta los derechos humanos.
Personas también difíciles de proteger son las víctimas de las maras, cuyas demandas de asilo son sistemáticamente rechazadas. Las maras son pandillas criminales asociadas internacionalmente que se originaron en El Salvador y se han expandido a otras regiones del mundo, incluida Europa.
La mayoría resoluciones favorables son las de gentes procedentes de Siria, Irán, Afganistán, Eritrea, Somalia y Libia.
Tragedia del Tarajal
Hoy se cumplen seis años de la tragedia del Tarajal, una de las mayores catástrofes migratorias que se recuerdan. 15 inmigrantes subsaharianos murieron en la playa ceutí del Tarajal cuando intentaban entrar a nado en España en un grupo de más de 250 personas. La Guardia Civil había utilizado material antidisturbios y pelotas de goma para impedir su entrada en territorio español. El caso sigue abierto.
Diferentes asociaciones han convocado para este sábado en Ceuta la VII Marcha por la Dignidad para denunciar esa tragedia y reclamar que las políticas migratorias se ajusten a los derechos humanos. En Durango, Ongi Etorri Errefuxiatuak ha organizado, también este mismo sábado, una concentración de denuncia a las 12 horas en Andra Mari, donde se construirá un muro con cartones, que se derribará posteriormente. La organización pide a la población que acuda y lleve cajas de cartón.
