Las trabajadoras del hogar están de enhorabuena porque el Gobierno español ha ejecutado por fin las recomendaciones del convenio 189 de la OIT de hace 11 años sobre el trabajo decente en el empleo de hogar –lo suscribió el pasado junio-, así como la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE) de 24 de febrero de 2022, que consideraba la situación de estas empleadas discriminación indirecta por razón de sexo debido a la alta feminización del sector.
Pero el reconocimiento de su derecho a la prestación por desempleo no es, sin embargo, una iniciativa del Gobierno, sino que este avance –importante, sin duda- se debe a la lucha y activismo infatigable de las asociaciones de trabajadoras del sector.
Organizaciones representativas como la estatal Asociación de Mujeres Empleadas de Hogar y Cuidados (SEDOAC) o la vizcaína ATH-ELE aplauden la medida, pero admiten una sensación agridulce.
La reforma afectará a cerca de 40.000 las empleadas de hogar en la CAV
Valoración de la ATH-ELE
Esta última organización emitió ayer un comunicado de urgencia, en el que, basándose en datos estadísticos, asegura que la reforma afectará a cerca de 40.000 las empleadas de hogar en la CAV.
Su valoración se divide en dos apartados: Seguridad Social y materia laboral. En ambos califica los cambios introducidos por el real decreto-ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros como positivos, negativos y positivos y negativos.
Como aspectos positivos en materia de Seguridad Social, ATH-ELE destaca que se suprima la posibilidad de que en jornadas de menos de 60 horas mensuales sea la trabajadora la responsable de ingresar las cuotas de la Seguridad Social. También que se establezcan bonificaciones para la empleadora para favorecer el alta en la SS, si bien están pendientes de concretar y sujetas al nivel de renta.
En el lado negativo, la reforma retrasa en un año la equiparación con el Régimen General, que estaba prevista para el 1/1/2023 y pasará a ser el 1/1/2024 si no se producen nuevos retrasos. Ello afecta al cálculo de las pensiones.
La asociación vizcaína aplaude la prestación de desempleo, pero avisa de que no se comenzará a abonar hasta que se cumplan los periodos de cotización exigidos en el Régimen General. Se ha anunciado que podrán empezar a cotizar desde octubre.
Mayor cuantía por despido improcedente
Los cambios en materia laboral contemplan solo un mes de indemnización por fallecimiento de la persona empleadora, cuando se reclamaba una compensación acorde a los años de servicio. Se elimina la posibilidad de despido sin causa (desestimiento) pero la indemnización sigue siendo la del desistimiento de 12 días por año, en lugar de los 20 del Estatuto de los Trabajadores.
No obstante, el despido improcedente pasa a indemnizarse con 33 días por año, como en el Estatuto. Hasta ahora eran 20 días.
Otros aspectos positivos y negativos a la vez son que el FOGASA pasará a cubrir las deudas de los empleadores insolventes, pero en menor cuantía que a las personas protegidas por el Estatuto.
Además, el empleo de hogar y cuidados estará regido por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, por lo que se prevén reglamentar las medidas de prevención de riesgos para el sector. Pero, advierte ATH-ELE, no se ha derogado la norma que excluye a los empleadores de hogar de la obligación de pagar un recargo en caso de infracción de las medidas de seguridad laboral.
Por su parte, desde SEDOAC, insisten en la desaparición del régimen interno que consideran esclavo, y señalan que aún se desconocen cuáles serán las causas objetivas de despido y en qué casos se considerará improcedente.
También lamentan que se sigan manteniendo condiciones especiales para el trabajo del hogar en lugar de dotar a las trabajadoras de todos los derechos del régimen general.
Sistema público de cuidados
Otras organizaciones también reclaman un sistema público de cuidados que garantice el derecho a unos cuidados de calidad y dignos para todas las personas.
Esto supone trabajo decente para las trabajadoras, es decir, que gocen del mismo reconocimiento y derechos que cualquier otra persona asalariada, con un control de las condiciones de trabajo, la regulación de la pernocta y medidas de apoyo para las personas necesitadas de cuidados y con bajos niveles de renta.
Once asociaciones, entre ellas la vasca Trabajadoras no domesticadas, suscribieron recientemente un manifiesto con estas y otras reivindicaciones.
