María José Barbarín, la primera por la derecha.
Las víctimas de la violencia machista, en especial las menores de edad, son objeto de una protección legal cada vez más eficaz, si bien el sistema institucional de justicia no puede cubrir todas las necesidades de esas mujeres y de sus hijos e hijas, ya que se trata de un “problema que va mucho más allá”. Es la opinión de María José Barbarin Urquiaga, componente del Consejo General Poder Judicial y del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.
La magistrada participó ayer en el curso de verano de la UPV ‘Víctimas de violencia de género ante los cambios legislativos. ¿Leyes para las víctimas sin las víctimas?’, donde disertó sobre ‘El ejercicio instrumental de la violencia a terceros para someter a las mujeres’ y se refirió, tanto a las víctimas directas, las propias mujeres, como a las indirectas, principalmente menores.
Para Barbarín, las leyes son necesarias pero no se puede resolver el problema de la violencia machista a golpe de norma. Es más, cree que hay soporte legal suficiente para proteger de los maltratadores, tanto a las mujeres como a sus descendientes.
La judicatura puede, por ejemplo, retirar la guarda y custodia, o restringir o anular el régimen de visitas para el maltratador, aunque de momento este tipo de medidas se adoptan menos de lo que se debiera. El problema no radica, a entender de la magistrada, en que a los operadores judiciales les falte perspectiva de género. Lo que sucede, a su juicio, es que carecen de información suficiente para tomar decisiones, lo que provoca que se rijan por un ‘principio de cautela’. “Un juez en funciones, de guardia, sólo tiene la denuncia para resolver”.
‘Pornografía’ de datos personales
Cree que la solución consistiría en crear unidades de valoración forense integral en los juzgados de guardia, o en poder disponer de datos de los servicios sociales o del ámbito educativo.
En el turno de preguntas, una asistente rechazó enérgicamente esa idea, que calificó de “pornografía de datos personales” exhibida sin garantía de privacidad en lugares donde no han sido recogidos. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, matizó que la víctima de violencia de género, si es adulta, decide si permite o no el acceso a la información estrictamente necesaria para tomar decisiones. La Fiscalía hace lo propio en representación de las personas menores.
“La denuncia hay que formularla cuando se está bien preparada y asesorada jurídicamente”
Durante la conferencia se analizó también el problema que representan, en algunos casos, las órdenes de protección. Una de sus deficiencias es que van ligadas a la denuncia, que suele suponer un calvario para las víctimas, por lo que la magistrada advierte de que “sólo hay que formularla cuando se está bien preparada” y asesorada jurídicamente. Para solventar los inconvenientes de este tipo de resoluciones, cree que habría que buscar vías civiles de amparo.
Además, las víctimas “no se reconocen como tales hasta que no reciben asistencia psicológica continuada”, lo que requiere un tiempo. Este es el motivo por el que algunas mujeres pueden denunciar malos tratos y al mismo tiempo solicitar que se mantenga el régimen de visitas para el maltratador. Otra asistente se quejó de que esas peticiones sean desoídas pero, para Barbarín, “la suspensión de visitas al maltratador es acertada si está bien motivada, porque no podemos pensar que mantener el régimen de visitas a un hombre que ha hecho la vida imposible a una mujer no vaya a generar consecuencias”.
“El que una víctima no denuncie no quiere decir que no esté en situación de riesgo”
En cualquier caso, matizó que se trata de una medida cautelar que se puede reevaluar, si bien se mostró convencida en todo momento de que “un maltratador no puede ser un buen padre”, tal y como denuncia el movimiento feminista desde hace tiempo.
“Hemos fallado”
La magistrada del CGPJ abogó por un sistema de justicia “proactivo”, pues señaló que “el que una víctima no denuncie no quiere decir que no esté en situación de riesgo”, por lo que instó a “analizar en profundidad los casos, ya que hay muchos marcadores que hacen saltar las señales de alarma”.
Tal es el caso del asesinato de las niñas de Canarias. O el de las 50 asesinadas por violencia machista este año, sólo una de las cuales disponía de orden de protección. “El resto no había denunciado”, informó Barbarín, quien reconoció que “hemos fallado” y extendió la responsabilidad a toda la sociedad.
