Si algo ha quedado claro esta mañana es que Irune Costumero no está sola. Esta vecina de Igorre (Bizkaia) ha afrontado hoy la primera sesión del juicio que dilucidará la responsabilidad de la Diputación en la retirada de la custodia de su hija de 5 años en agosto, basándose en el inexistente Síndrome de Alineación Parental (SAP). La ONU reprendió y pidió explicaciones al Gobierno de España por la utilización de este falso diagnóstico.
Antes de entrar a la Audiencia de Bizkaia, Costumero ha querido agradecer su presencia a las decenas de personas que se han acercado hasta allí para apoyarle y secundar la convocatoria del Movimiento Feminista de Arratia. Entre ellas, integrantes de la plataforma contra la violencia machista Andereak de Durango. “Hemen gaude Iruneren alde (Estamos aquí a favor de Irune)”,y “¡Derechos infantiles, derechos humanos!” han sido algunas de las consignas que han coreado.
La ‘amatxu-coraje’ también ha querido lanzar un mensaje corto, pero contundente, a través de los medios de comunicación: “Espero justicia y que mi hija vuelva a casa, que es de donde no me la tenían que haber arrancado“, ha remarcado.
“Soy la voz de mi hija”
“Y que esto pare de una vez”, ha proseguido. “Que su señoría me oiga porque soy la voz de mi hija. Ya va siendo hora porque son 4 años de espera…”.
A Irune Costumero le arrancaron a su hija de los brazos el 4 de agosto de 2017. “Se la llevaron a la fuerza y en volandas, ignorando sus gritos de auxilio y desesperación”, ha repetido hasta la extenuación desde entonces.
Han tenido que pasar casi cuatro años, pero al fin lo ha conseguido. Ha sentado en el banquillo por prevaricación, maltrato y lesiones psíquicas hacia ella y su niña a las cuatro personas –el actual diputado de Acción Social y tres funcionarias– que, según el auto del Juzgado de Instrucción número 9 de Bilbao, actuaron “de manera arbitraria, injusta y en contra de la ley”.
Hasta 5 años de cárcel
La acusación particular ha solicitado penas de hasta 5 años y 6 meses de prisión, 15 años de inhabilitación y una indemnización de 600.000 euros por “un delito de prevaricación administrativa, otro de maltrato de obra y dos delitos de lesiones físicas y psíquicas”. El Ministerio Fiscal, por su parte, pide la libre absolución de los cuatro imputados.
El juicio durará hasta el miércoles y el Movimiento Feminista ha convocado concentraciones junto al Juzgado, en la calle Barroeta Aldamar de Bilbao, todos los días a las 09.00 horas.
