ELA y familias piden reunirse con el Ararteko para cambiar el modelo asistencial de las residencias

El sindicato ELA y la Asociación de familiares Babestu han solicitado una reunión con el Ararteko para abordar la “grave situación” de salud pública que se ha detectado en las residencias de mayores de la comunidad autónoma.

ELA recuerda que, ya en enero del 2019, denunció ante este órgano la necesidad de mejorar la ratio de atención en las residencias mediante su campaña ‘Acompañame al menos 2 horas’. Entonces, como ahora, también hizo hincapié en “la urgente necesidad de llevar a cabo una transformación íntegra del modelo de atención”.

No fue la única vez que trasladó públicamente esta necesidad. En febrero del año pasado solicitó junto a Babestu una nueva reunión “que aún no se ha tenido lugar”. En este sentido ELA recuerda que fue el propio Ararteko el que, el pasado 24 de abril, en declaraciones a los medios de comunicación, dejó constancia de la necesidad de modificar el sistema de cuidados afirmando que “esta crisis ha puesto de manifiesto que hay que repensar el modelo de residencias que tenemos. Creo que se debe incidir en la prevalencia del carácter de servicio público que tiene el cuidado a los mayores…”.

Servicio «esencial»

ELA vuelve a reinvindicar la “esencialidad del servicio de los cuidados”, al tiempo que denuncia su bajo reconocimiento social y económico, las carencias que se han detectado en materias de salud laboral, “sin ningún control público eficaz y el hecho de que son sectores subcontratados y mayoritariamente compuestos por mujeres. El sindicato también destaca que la crisis sanitaria de la Covid-19 ha hecho aflorar “de forma notable los trabajos y servicios que son esenciales para la vida: los cuidados, la sanidad, lalimpieza…”.

Así las cosas, considera prioritario un cambio de modelo que permita paliar la falta de personal estructural ya que “las medidas organizativas, protocolarias, digitales y de salud laboral implementadas en muchas residencias son insuficientes a todas luces y nos preocupa sobremanera que las empresas y Diputaciones sólo actúen antes procesos judiciales y cuando ven peligrar su negocio”.