La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite una denuncia contra los vientres de alquiler formulada por la Plataforma do Feminismo Radical de Galicia y la ha remitido a la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género para su estudio.
Esta plataforma feminista decidió recurrir a las instituciones europeas al contemplar con “desaliento” que “los derechos fundamentales de las mujeres son reiteradamente vulnerados por parte de las instituciones del Estado español ante la inacción del Defensor del Pueblo”.
Su escrito hace referencia al informe de los Derechos Humanos y Democracia en el Mundo de 2014, que recuerda que la UE “condena la práctica de gestación por sustitución” por ser “contraria a la dignidad humana de la mujer, ya que su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como una materia prima”; y estima que “debe prohibirse esta práctica, que implica la explotación de las funciones reproductivas y la utilización del cuerpo con fines financieros o de otro tipo, en particular en el caso de las mujeres vulnerables en los países en desarrollo”.
“Persistente inacción” institucional
La plataforma feminista galega denuncia la “persistente inacción” de las administraciones del Estado, “cuando no connivencia, con el negocio ilícito de la gestación subrogada” y en su escrito aporta “datos y evidencias sobre la creciente actividad de este tipo, aún a pesar de ser explícitamente ilegal y especialmente execrable”.
En un documento dirigido al Defensor del Pueblo en el mes de marzo hacía constar que varias empresas radicadas en el Estado que ofrecen tratamientos de fertilidad, “en realidad operan como intermediarias en la compra de neonatos bajo encargo, actividad que muestran con impunidad a través de medios electrónicos e impresos, sin que las autoridades pongan fin a esta grave vulneración del derecho nacional y comunitario”.
Al tiempo, “asistimos con estupor a la oferta de conferencias e incluso servicios de asesoramiento sobre esta actividad ofrecidos por administraciones o universidades públicas, e incluso, a la celebración de ferias y eventos públicos en los que se ofrecen estos servicios sin la menor ocultación”.
Por otra parte, los medios de comunicación “se hacen eco de los casos de famosos que difunden publicamente el hecho de haber contratado estos ‘servicios’, basados en la explotación de mujeres vulnerables, sin cuestionar la ilegalidad de esa situación y blanqueándola como si se tratara de una opción perfectamente aceptable y legal”, deploran.
