Las mujeres que soportan violencia machista, no sólo han de enfrentar agresiones a su integridad física y psicológica. Además de la violencia ‘vicaria’, esa que se ejerce a través de sus hijos e hijas, soportan violencia económica: impago de pensiones, principalmente.
En ocasiones, estas dos últimas formas se entrecruzan en los procesos de separación y divorcio a través de la siguiente forma de chantaje: yo me beneficio económicamente (él) a cambio de que tú (ella) puedas disponer más de las criaturas.
El Gobierno del Estado pretende eliminar este tipo de extorsiones con la reforma del Código Penal. La iniciativa responde a una petición de la titular del juzgado nº 2 de lo Penal de Mataró, Lucía Avilés.
Convenio de Estambul
La violencia económica comienza cuando la pareja aún convive y suele persistir después de la separación. Coarta la libertad de las mujeres y sus posibilidades de liberarse del abuso.
Violencia económica es también dejar de pagar las cuotas hipotecarias, tratar de impedir que las mujeres trabajen o controlar sus cuentas. Se calcula que el 12% de las mujeres la sufren. Hay que añadir a la lista el uso personal, muchas veces abusivo, que hacen los hombres del patrimonio económico familiar.
El Convenio de Estambul de 2011, un compromiso europeo, suscrito por el Estado, incluyó por primera vez la violencia económica como violencia machista. En su artículo 3, señala: “A los efectos del Convenio, por ‘violencia contra la mujer’ se deberá entender una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y se designarán todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada”.
En cualquier caso, la violencia económica no está regulada aún en ningún ordenamiento jurídico.
2,3 millones de mujeres
La última macroencuesta del Gobierno sobre violencia de género dedica a este tipo de violencia el capítulo 5. Según los datos que ofrece, el 11,5% de las mujeres residentes en España de 16 o más años han sufrido violencia económica por parte de alguna pareja o expareja a lo largo de sus vidas. Serían aproximadamente 2.350.684 mujeres.
Entre las formas más comunes de ejercerla, la más repetida es la de impedirles tomar decisiones en la economía familiar y/o hacer compras de forma independiente. En segundo lugar, negarse a darles dinero para gastos del hogar. En tercero, no dejarles trabajar y, por último, usar el dinero y/o tarjeta de crédito o pedir préstamos a nombre de la mujer sin su consentimiento.
Actualmente, el impago de la pensión alimenticia es la única forma de violencia plasmada judicialmente. El artículo 227 del Código Penal hace referencia al delito de abandono familiar que castiga, con penas de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses, el impago de una prestación económica en favor del cónyuge o de los hijos e hijas tras una separación, un divorcio, una nulidad matrimonial, un proceso de filiación o un proceso de alimentos. Aun así, el cumplimiento de esta prescripción no está garantizada.
“Hasta que no hubo juicio nos tocó vivir una situación de miseria, de comer siempre de los alimentos defectuosos que le regalaban a mi tía”
Las consecuencias de la violencia económica son dramáticas para las mujeres y sus criaturas. Andrea López, víctima de violencia económica junto a su madre y su hermano, relataba a ‘amecopress’ que, tras el divorcio, su padre jugaba con el pago de la pensión que debía asignarles. “Cuando conseguimos después de varios meses que se regulara la situación judicialmente, si te negabas a hacer lo que él quería, dejaba de pasarnos la pensión. Como la ley dicta que solo puedes denunciarle cuando está dos meses consecutivos sin pasarte la pensión o cuatro de manera intermitente, lo mismo te la quitaba los dos primeros meses y al tercero te la pagaba, pero todo ese tiempo vivíamos sin los ingresos que nos correspondían”, explica, aunque no fue la única violencia que sufrieron.
Violencia económica y psicológica
“Durante el matrimonio, mi padre no quería que mi madre trabajara. Él quería que ella fuese ama de casa y, al ser solo él quien traía el dinero, condicionaba y manejaba todas las decisiones económicas. Pero donde más violencia ha generado, y lo sigue haciendo, es cuando decide separarse. Lo primero que hizo fue sacar todo el dinero de la cuenta del banco, dejándonos a mi madre, a mi hermano y a mí sin ningún tipo de recurso. Tuvimos que recurrir a la ayuda de mis tías, que aunque tampoco podían ayudarnos demasiado, hicieron todo lo que estaba en su mano. Hasta que no hubo juicio nos tocó vivir una situación de miseria, de comer siempre de los alimentos defectuosos que le regalaban a mi tía en la empresa cárnica en la que trabajaba, pasar un invierno sin calefacción…”, narra.
Además, explica que cuando se dictaminó que debería costearle los estudios, éste no cumplió y tuvo que comenzar a trabajar para poder estudiar la carrera que, por decisión de un juez, debía pagarle su progenitor; de esta forma, tuvieron que recurrir, de nuevo, a la lenta vía judicial para que les otorgara lo que ya les correspondía.
Desde Quiero Psicología, un centro madrileño de psicología clínica, explican que “la violencia económica no ocurre de forma aislada, sino que en el 85% de los casos implica también violencia psicológica. Supone la extensión del dominio mediante el control del dinero”.
Otras formas de violencia estructural como la brecha salarial agravan esta forma de coacción machista.
