Una iniciativa ciudadana reclama la inhabilitación de las personas que formaron parte del tribunal que juzgó el caso Costumero por defender el inexistente Síndrome de Alienación Parental (SAP) y basar en él la defensa de las personas imputadas de la Diputación de Bizkaia. Además, reclama la consideración de este diagnóstico como violencia de género.
La campaña se ha efectuado a través de la plataforma change.org y se puede apoyar clicando aquí. En el manifiesto, se recuerda que cuatro responsables de la institución foral fueron imputados por delitos de prevaricación, maltrato y lesiones psíquicas hacia Irune Costumero y su hija, y se enfrentaban casi 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación.
Sin embargo, consiguieron la absolución, gracias a que se hizo una “defensa a ultranza de un síndrome que no existe y encima está prohibido por ley desde antes del juicio”. La sentencia fue recurrida y está a la espera de la resolución del Tribunal Supremo.
El texto de la campaña aclara que “no les interesaba que este juicio pudiese sentar jurisprudencia en torno a la utilización del Inexistente Síndrome de Alienación Parental, puesto que hasta la relatora especial contra la violencia hacia las mujeres de la ONU pidió en septiembre del año pasado explicaciones al Gobierno de España por la utilización de dicho inexistente síndrome en el caso de Irune Costumero y dejaba patente su ‘profunda preocupación’ por la integridad física y mental de la Sra. Costumero pero también de su hija”.
La relatora especial contra la violencia de la ONU acusa reiteradamente a España de saltarse las normas internacionales y vulnerar los derechos de las víctimas
La misma alta funcionaria acusaba al Gobierno de saltarse “los estándares y normas internacionales” vulnerando los derechos de las víctimas, como “el derecho fundamental a la integridad física y psicológica, el interés superior de la niña o el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia”.
Además, se mostraba preocupada por “el uso del presunto Síndrome de Alienación Parental (SAP), contra las madres y la falta de credibilidad que algunos tribunales otorgan al testimonio de los niños y niñas cuando la madre denuncia abusos hacia el menor por parte del padre”.
El pasado 9 de diciembre, el mismo organismo internacional volvía a advertir a los tribunales españoles de que “deben proteger a los niños y niñas de la violencia doméstica y los abusos sexuales”. Resaltaba además que “en España las mujeres son acusadas de dificultar el contacto de los padres con sus hijos (fenómeno conocido como ‘alienación parental’)” y que “estas mujeres han sido castigadas por los tribunales, perdiendo la custodia de sus hij@s, en lugar de conseguir la protección de su prole”.
El SAP, violencia de género
Entre las razones de las deficiencias en la administración de justicia, los organismos internacionales subrayan que trabajadoras sociales y operadores de justicia realizan “interpretaciones basadas en prejuicios y estereotipos de género” y advierten de que “la ausencia de una perspectiva de género por parte de la judicatura puede verse reflejada en los procedimientos que atribuyen un valor inferior al testimonio o argumentos de las mujeres como partes o testigos”.
Entre otras demandas, las personas firmantes de la petición reclaman que se adopten las medidas necesarias para asegurar el efectivo cumplimiento de la normativa de protección a la infancia y adolescencia contra cualquier forma de violencia, “algo que no se hizo en el juicio de Irune Costumero, aun siendo posterior a esta normativa”, insisten.
Asimismo, piden la inclusión de la utilización del Síndrome de Alienación Parental como forma de violencia de género en la Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
